El Senado sesionará este jueves desde las 11 con una agenda que tendrá como principal objetivo convertir en ley el proyecto de fortalecimiento del sistema de discapacidad. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de las distintas fuerzas políticas porque conserva los principales beneficios previstos en la norma de emergencia, cuya vigencia termina en diciembre.
El temario también contempla el tratamiento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, el proyecto sobre Propiedad Privada que busca restablecer los límites establecidos por la Ley de Tierras y la denominada Ley Joaquín, entre otras iniciativas.

Los temas fueron analizados este miércoles por la tarde durante una reunión de Labor Parlamentaria realizada en el despacho de la presidenta del Senado, Victoria Villarruel.
Discapacidad: los principales puntos del proyecto
La iniciativa, denominada “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, mantiene prácticamente todo el esquema de beneficios de la Ley 27.793, pero elimina su carácter de emergencia y transitorio para convertirlo en un régimen permanente y de orden público.
Entre sus disposiciones centrales, permite compatibilizar el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, con un empleo formal o la inscripción en el monotributo. Para acceder a esa posibilidad, los ingresos no podrán superar los dos salarios mínimos, vitales y móviles. El beneficio alcanza a quienes cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El texto también conserva el nomenclador único y establece la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones, de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria, vinculado al IPC. A su vez, garantiza la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para los titulares de pensiones por discapacidad.
En cuanto al financiamiento, determina que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior.
Otro de los puntos contempla auditorías periódicas y cruces de información entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), con garantías de debido proceso inclusivo.

A pedido de los bloques aliados, también se incorporó una cláusula transitoria que establece un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la ley.

Ley de Tierras: los límites a la compra de extranjeros
Otro de los proyectos incluidos en el temario es la iniciativa del Gobierno sobre “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, aprobada por la Cámara de Diputados. El texto propone derogar el artículo 154 del DNU 70/23 y restablecer las restricciones de la Ley de Tierras sobre la adquisición de campos por parte de extranjeros.
De esta manera, volverían a regir los límites del 30% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, además del tope de 1.000 hectáreas en zonas núcleo, las restricciones sobre espejos de agua y las disposiciones para áreas de frontera.
La propuesta también incorpora límites al régimen de expropiaciones y un procedimiento abreviado para los desalojos de viviendas y campos ocupados ilegalmente.

El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes
El Senado también deberá definir la aprobación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, que incluye una reserva al capítulo II para proteger a la industria farmacéutica nacional, tal como reclamaron las cámaras del sector.
La Argentina firmó el acuerdo en 1970 y la Cámara alta lo aprobó en 1998. Sin embargo, las modificaciones incorporadas durante su tratamiento en Diputados obligaron a que el proyecto regresara al Senado para obtener la sanción definitiva y avanzar hacia su entrada en vigor.

Qué establece la Ley Joaquín
La agenda parlamentaria incluye además el proyecto conocido como Ley Joaquín, que establece medidas de seguridad obligatorias para las instituciones públicas y privadas que cuenten con equipamiento deportivo o recreativo, así como para los elementos instalados en espacios públicos.
La iniciativa exige instalar, anclar, mantener y controlar de manera estricta los arcos de fútbol, hockey, handball y rugby, los aros de básquet, los postes de las redes de vóley y los juegos ubicados en plazas.

Fuente: Medios








