En un fallo reciente, el Tribunal Oral Federal N.º 2 fijó un plazo de 10 días hábiles para que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los demás condenados en la causa Vialidad paguen más de $600 mil millones en concepto de resarcimiento al Estado.
Según la resolución judicial, ese monto corresponde al daño ocasionado al erario público, que fue considerado por el tribunal como “provecho de un gravísimo hecho de corrupción”. La intimación alcanza a todos los involucrados en la causa, entre ellos empresarios y exfuncionarios.
El documento especifica que esta medida busca avanzar en la reparación económica del perjuicio generado por los delitos por los que fueron condenados los acusados.
Bajo investigación
En la causa, iniciada en 2016, se investigó si el empresario Lázaro Báez resultó beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales con fondos nacionales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015 -durante las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner- y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.
Los condenados deberán enfrentar el decomiso y la ejecución de bienes embargados por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), en el marco de la maniobra de fraude con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
En el caso de Cristina Kirchner, cuando el juez Julián Ercolini la procesó en la causa Vialidad en 2016, le trabó un embargo por $10.000 millones. En aquel entonces, se estimaba que el perjuicio al Estado por las 51 licitaciones viales adjudicadas al Grupo Austral era de $46.000 millones.
La cifra base que la maniobra de corrupción le ocasionó al Estado era 86.085.463.548,25 pesos, que ahora se actualizó en $ 684.990.350.139,86.
La última declaración jurada de CFK ante la Oficina Anticorrupción registró un patrimonio de $250 millones, sin propiedades a su nombre, ya que en 2016 transfirió sus bienes a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. Solo conserva el usufructo de las residencias en Río Gallegos, El Calafate y el departamento de Recoleta.
La sentencia firme incluye también multas y decomisos como penas accesorias. Según el Código Penal, primero se deberá intimar a los condenados al pago voluntario. Si no cumplen, la Justicia podrá ejecutar bienes embargados o cualquier ingreso que puedan tener. Solo si se agotan todas las instancias, se podrá convertir la deuda en días de prisión.
El artículo 23 del Código Penal habilita el decomiso como mecanismo de reparación del daño. Así, el fallo que ordena recuperar los $ 684.990.350.139,86 deberá traducirse en legajos individuales con bienes y activos embargables.
A la condena penal se suma una demanda civil que inició la gestión de Mauricio Macri en 2016 por daños y perjuicios al Estado. Allí se reclaman $22.300 millones a Cristina Kirchner y los demás condenados de forma solidaria. El cálculo surgió al constatar que el 50% de las rutas adjudicadas al Grupo Austral fueron abandonadas tras recibir pagos con sobreprecios.
Fuente: Medios
