La Legislatura de Río Negro aprobó una norma que introduce aranceles para personas extranjeras con residencia precaria o transitoria que accedan a los servicios públicos de salud y educación superior. La medida, impulsada por el oficialismo provincial, busca formalizar un esquema de reciprocidad y crear fuentes adicionales de financiamiento para ambos sistemas.
La ley sancionada dispone la creación de dos fondos específicos: uno destinado a la salud pública y otro a la educación superior. Los recursos que surjan del cobro de aranceles serán utilizados para fortalecer la infraestructura, adquirir equipamiento médico y sostener programas sanitarios y educativos.
El texto garantiza la atención en casos de urgencia o emergencia, sin distinción de nacionalidad o estatus migratorio, y faculta al Poder Ejecutivo a celebrar convenios de reciprocidad con otros países, un punto que podría mitigar tensiones diplomáticas en la aplicación de la medida.
El debate legislativo reflejó posturas encontradas. Mientras sectores del oficialismo defendieron la iniciativa como un acto de “equidad contributiva” y de “orden administrativo”, representantes de la oposición y organizaciones de migrantes advirtieron que la norma puede vulnerar principios de igualdad y acceso universal a derechos básicos.
Más allá de la controversia, la aprobación marca un punto de inflexión en la política provincial respecto del vínculo entre migración y servicios públicos, en un contexto nacional de creciente discusión sobre el costo y la sostenibilidad del gasto social.Además, durante la misma sesión se instituyó el 24 de septiembre como Día Provincial del Agente Sanitario, y se otorgó carácter oficial a la Fiesta de la Inclusión, que se celebra en Villa Regina. También se declaró el 21 de abril como Día Provincial en Conmemoración del Papa Francisco, invitando a los municipios a adherir y promover actividades alusivas.
