Durante una audiencia realizada el sábado, la fiscal del caso Valeria Panozzo formuló cargos a una mujer, a la que le atribuyó haber realizado una serie de compras con tarjetas de crédito que no le pertenecían mediante maniobras de defraudación cometidas en comercios de Neuquén y de Cipolletti. La imputada es R.E.M y de acuerdo con la acusación fiscal, cometió esas y otras estafas entre septiembre de 2023 y junio de 2025.
Según explicó la representante del Ministerio Público Fiscal, entre el 24 y 25 de septiembre de este año, la imputada realizó 13 compras por un total de aproximadamente $13.260.000 en locales comerciales ubicados en Cipolletti y en la ciudad de Neuquén.
Entre los lugares donde efectuó las operaciones se encuentran un local de indumentaria, una casa de electrodomésticos, una farmacia, una sucursal de un supermercado y un comercio de venta de porcelanatos, entre otros. La fiscal del caso calificó los hechos en el delito de estafa mediante el uso de tarjeta de compra, dos hechos en concurso real y en calidad de autora.
Ya había sido condenada por delitos similares
Tras describir los hechos, Panozzo explicó que la acusada cumplió una condena por este tipo de delitos y es investigada por hechos similares en otros legajos. En dos de ellos, los que estaban más avanzados, también le formuló cargos.
Fraude millonario con tarjetas: imputan a mujer que tenía antecedentes
En un caso, precisó que el 19 de octubre de 2023 compró indumentaria por $184.600 en un local comercial de calle Roca de Neuquén, utilizando una tarjeta adicional a nombre de otra persona; mientras que el 9 de junio de este año, defraudó al comercio Chaperman por un total de $803.800, mediante una técnica de pago similar.
Panozzo encuadró el accionar de R.E.M. provisoriamente como defraudación especial por el uso de tarjetas de crédito o débito ajenas, en calidad de autora, conforme los artículos 173 inciso 15 y 45 del Código Penal.
Riesgo de fuga
Durante la audiencia, la fiscal solicitó que se imponga la prisión domiciliaria de la acusada por el plazo de dos meses, con consigna policial hasta la colocación de una tobillera electrónica. Cumplido ese requisito, pidió que la medida pase a ser supervisada mediante rondines policiales.
Fundó el pedido en la solidez de la imputación, los antecedentes penales de la acusada y el riesgo de fuga, debido a que cuenta con varias investigaciones en trámite y causas próximas a la etapa intermedia.
La defensa no se opuso al requerimiento y el juez de garantías Lucas Yancarelli tuvo por formulados los cargos en las tres investigaciones. Además, fijó un plazo de cuatro meses para concluir la etapa de investigación y dispuso la prisión domiciliaria solicitada por el Ministerio Público Fiscal.
Fuente Medios
