El gobernador Rolando Figueroa promulgó la Ley Provincial 3531/25, que establece la obligatoriedad de realizar exámenes toxicológicos a funcionarios de los tres poderes del Estado. La norma, aprobada en la Legislatura por amplia mayoría el 17 de septiembre, convierte los narcotests en un requisito para la permanencia en cargos públicos.
El objetivo es garantizar la ética, idoneidad, integridad y transparencia institucional, asegurando que el ejercicio de la función pública se desarrolle libre de vínculos con el narcotráfico y sin consumo de sustancias prohibidas.
La obligación recae sobre:
- Gobernador, vicegobernador, ministros y secretarios.
- Diputados provinciales.
- Jueces, fiscales, defensores y miembros del Tribunal Superior de Justicia.
- Consejeros de la Magistratura.
- Intendentes, concejales y directivos de organismos estatales y empresas con participación pública.
Los test serán sorpresivos, mediante pruebas rápidas homologadas y realizados por personal sanitario habilitado. La negativa a realizarlos será considerada como un resultado positivo.
La ley también crea una Comisión Evaluadora Interpoderes, con representación técnica de los tres poderes del Estado, y un registro confidencial para documentar los resultados y su trazabilidad.
La medida se suma a la Ley de Desfederalización del Narcomenudeo, que otorga más herramientas a la Policía y la Justicia provincial para combatir este delito.
Tras la sanción de la norma, el propio Figueroa se sometió a un narcotest, que dio resultado negativo. “Es una medida que da tranquilidad a la sociedad sobre la salud y responsabilidad de quienes ocupamos cargos de alta jerarquía”, afirmó.
Fuente: Medios
