En medio de la escalada de acusaciones entre el gobernador Alberto Weretilneck y el sorismo, la legisladora provincial Yolanda Mansilla, de Primero Río Negro, volvió a reclamar que su proyecto de ley sea tratado en la legislatura. La iniciativa propone la realización obligatoria de estudios médicos anuales a funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores, personal legislativo y miembros de la Policía provincial, con el objetivo de detectar el consumo de drogas ilegales.
“Lo presenté en abril de 2024 y nadie movió un dedo. Hoy que todos se acusan de vínculos narcos, ¿qué pasa? ¿Le tienen miedo?”, cuestionó Mansilla, en alusión a la polémica desatada tras la publicación de una foto de María Emilia Soria junto a un integrante del clan Montecino. En ese contexto, el mandatario provincial vinculó al peronismo roquense con el narcotráfico, mientras que el legislador José Luis Berros respondió acusando a Weretilneck de tener vínculos con Federico “Fred” Machado, empresario detenido en Viedma por la Justicia estadounidense.
La legisladora aprovechó la tensión política para reforzar su planteo. “Uno parece que es falopero, la otra es novia del narco. Pero nadie pasa por el laboratorio y mucho menos se detiene a pensar en la gente que debería representar”, afirmó. Mansilla. El proyecto establece que los estudios se realicen anualmente y que los resultados sean de acceso público, con el objetivo de garantizar control institucional y reforzar la confianza ciudadana.
“El narcotest no es persecución, es transparencia”, aseguró.
Mansilla también criticó la falta de debate legislativo y pidió que la propuesta se incluya en la agenda parlamentaria antes del cierre del año: “Si no tienen nada que ocultar, que se hagan el análisis”. Según la legisladora, la medida ayudaría a centrar la política en acciones concretas y no en acusaciones de vínculos con el narcotráfico.
“No podemos seguir discutiendo quién está más o menos vinculado al narco sin hacer nada concreto. La política tiene que dar el ejemplo”, concluyó Mansilla, sumándose a las voces que reclaman mayor transparencia y control en el uso de recursos públicos ante la creciente preocupación por causas judiciales vinculadas al narcotráfico.
Fuente: Medios
