El Gobierno Nacional oficializó las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica, aunque su aplicación quedó en pausa hasta que se asignen fondos en el Presupuesto Nacional. La medida se formalizó mediante los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial, y responde a la necesidad de garantizar la cobertura financiera antes de su implementación efectiva.
La Ley de Financiamiento Universitario busca asegurar la estabilidad de la educación pública en todo el país y contempla la actualización automática de los gastos según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.
Además, establece controles externos a cargo de la Auditoría General de la Nación, con informes al Congreso, y prevé la adecuación de partidas presupuestarias sin afectar la coparticipación federal ni los aportes del Tesoro. La norma también habilita financiar la iniciativa con excedentes de ingresos corrientes recaudados por encima de lo presupuestado.
Por su parte, la Ley de Emergencia Pediátrica prioriza la asignación de recursos para insumos, medicamentos, infraestructura, tecnologías médicas y personal esencial. Incluye la recomposición salarial del personal de salud, exenciones de Ganancias por tareas críticas y declara al Hospital Garrahan como centro de referencia nacional en atención pediátrica de alta complejidad. Además, crea una comisión de seguimiento integrada por representantes del Congreso, del Ministerio de Salud, del COFESA y de la Sociedad Argentina de Pediatría, que emitirá informes trimestrales sobre la ejecución de los programas.
Mientras dure la emergencia, los programas de salud infantil y adolescente tendrán prioridad en la asignación de recursos, con especial atención a hospitales públicos de referencia, servicios de urgencia, neonatología, trasplantes, cirugías cardíacas y oncología pediátrica.
Fuente: Medios
