Las negociaciones salariales con los estatales neuquinos comenzaron este miércoles en un escenario de fuertes condicionamientos externos y desafíos internos. Mientras el gobierno provincial busca equilibrar sus recursos propios con la gestión de la inflación, los sindicatos enfrentan disputas internas que podrían influir en el desarrollo de la paritaria. La primera ronda incluyó reuniones con ATE, UPCN, ATEN y Viales, en medio de un panorama político y económico distinto al de años anteriores.
El Gobierno de Javier Milei busca que las provincias limiten los aumentos salariales a un 10% anual durante 2026, en el marco del Pacto de Mayo firmado con los gobernadores. Este porcentaje coincide con la inflación proyectada en el presupuesto nacional y forma parte de las metas fiscales que se transmitieron al ministro de Economía, Guillermo Koenig.
En Neuquén, la situación es particular: pese a los recortes de fondos nacionales, la provincia obtiene ingresos significativos de Vaca Muerta, que representan casi la mitad de sus recursos mensuales. Solo en octubre, las regalías ascendieron a 239.274 millones de pesos, un 16,3% más que el año pasado, mostrando que Neuquén depende cada vez más de sus propios ingresos.
El debate sobre el IPC
Desde 2016, Neuquén aplica un mecanismo de actualización trimestral de sueldos según el IPC, que se convirtió en un referente a nivel nacional. La intención de Nación de reemplazarlo por un esquema de aumentos menores genera preocupación: los gremios advierten que podría significar una pérdida real de poder adquisitivo, no solo para los trabajadores de menor rango, sino para toda la planta estatal.
Mientras ATE adoptó un rol de observador en la primera reunión, ATEN vivió tensiones internas entre la conducción provincial y la sección Capital, liderada por Angélica Lagunas. La exclusión de Lagunas de la mesa paritaria generó nuevas críticas y abrió el debate sobre la necesidad de incluir distintas líneas internas para unificar criterios y repartir responsabilidades políticas.
Más allá de la cuestión salarial, la negociación refleja un desafío mayor: la autonomía de Neuquén para definir sus políticas de sueldos frente a las directrices nacionales. Si se confirma el tope del 10% y se elimina la cláusula del IPC, el conflicto no solo tendrá consecuencias económicas, sino también políticas, poniendo a prueba la capacidad del gobierno de Rolando Figueroa de sostener un modelo de paritaria independiente.
Por el momento, la provincia apuesta al diálogo abierto, aunque se anticipa que la discusión paritaria para 2026 será una de las más complejas en años recientes.
Fuente: Medios.
