Las Universidades Nacionales recibirán en 2026 un total de 4,8 billones de pesos, según el proyecto de Presupuesto que el Gobierno buscará aprobar en sesiones extraordinarias entre el 10 y el 31 de diciembre. Sin embargo, los rectores rechazan este monto y reclaman la aplicación de la ley sancionada por el Congreso, que establecía un mecanismo de actualización progresiva y fijaba el financiamiento en 7,2 billones de pesos.

El Ejecutivo decidió no implementar esa norma, insistida por el Congreso tras el veto presidencial, al considerar que no definía la fuente de financiamiento. La decisión generó críticas de sectores opositores y mantiene el conflicto abierto con el sistema universitario.
En paralelo, el Presupuesto 2026 incorpora nuevas exigencias de rendición de gastos. Las universidades deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias toda la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos transferidos. El proyecto aclara que el Ministerio de Educación podrá interrumpir las transferencias en caso de incumplimiento. Además, los presupuestos universitarios deberán detallar la clasificación funcional de educación, cultura, salud, ciencia, tecnología e innovación.

El Gobierno tampoco aplicará por tercer año consecutivo la Ley de Financiamiento Docente , que fija un piso del 6% del PBI para el sistema educativo, ni los niveles de inversión previstos en la Ley de Educación Técnico Profesional y en la Ley de Financiamiento del Sistema de Ciencia y Tecnología. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la derogación de los pisos de inversión implica que las asignaciones quedarán definidas exclusivamente por cada presupuesto anual.
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