Este jueves al mediodía se llevó adelante la audiencia que dio a conocer las penas contra los 12 condenados por administración fraudulenta en el histórico juicio por estafa con planes sociales en Neuquén. Ocho de ellos fueron condenados con penas de prisión efectiva, mientras que los cuatro restantes cumplirán penas de ejecución condicional.
A todos, en menor o mayor grado, se les comprobó que perjudicaron al Estado provincial en más de 1200 millones de pesos, con dinero que tenían que haber cobrado (en parte) desocupados de la provincia.
Hubo un mecanismo para extraer dinero de los cajeros con tarjeta de débito de subsidiados, y cheques de Desarrollo Social que cobraban empleados, que iban a parar a una caja, como dinero negro de la política. Pero ningún actor que cobró “sobres” de una Caja Azul con esa plata está en el banquillo ni tampoco investigado. Y ahora la pregunta es si estos condenados, realmente irán presos, más allá que tres de ellos están con prisión preventiva.
Después de las 13, el tribunal integrado por Juan Manuel Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla dio a conocer el veredicto sobre las penas de los 12 condenados por administración fraudulenta agravada, en un caso que se define como corrupción política, más allá de que no se pudo comprobar la asociación ilícita.
Algunos de ellos no participaron de la audiencia en la sala y lo siguieron por zoom, el caso del exministro Abel Di Luca, Pablo Sanz, Isabel Montoya, Valeria Honorio, Luis Gallo, Emmanuel Victoria Contreras.
En la etapa de cesura, la fiscalía solicitó penas que van de los 3 a los 6 años de prisión efectiva, más la inhabilitación perpetua para cargos públicos, accesorias legales y el decomiso de bienes para algunos de los involucrados.
Las penas para los 12 condenados
Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social. 5 años de prisión efectiva e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Tomás Siegenthaler, excoordinador provincial. 5 años de prisión efectiva e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales. 5 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Marcos Osuna, jefe de Departamento de informática. 4 años de prisión efectiva e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Pablo Néstor Sanz, exdirector de Fiscalizaciones. 4 años y 6 meses de prisión efectiva e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Julieta Oviedo, exdirectora de Tesorería. 3 años y seis meses e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Luis Gallo, exdirector de Finanzas. 3 años y seis meses de prisión efectiva e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Alfredo Cury. 3 años y seis meses de prisión efectiva e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Laura Reznik, exdirectora de Finanzas. 3 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y pautas de conducta.
Valeria Honorio. 3 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y pautas de conducta.
Isabel Montoya. 3 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y pautas de conducta.
Emanuel Victoria. 3 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y pautas de conducta.
Fuente Medios
