La causa que investiga presuntas maniobras de administración fraudulenta vinculadas al Programa Federal de Viviendas Techo Digno en Sierra Grande avanzó este miércoles en Viedma con la reanudación del control de acusación, instancia que había sido postergada a fines de noviembre.
La audiencia volvió a comenzar con pedidos de las defensas para llevar el expediente al fuero federal, pero la jueza de juicio rechazó el planteo y habilitó el inicio de la discusión sobre la prueba que integrará el debate oral.
La Fiscalía detalló las acusaciones dirigidas contra los exintendentes Renzo Tamburrini y Adrián Iribarren, además de exfuncionarios de sus gestiones. Los hechos se dividen en dos tramos. El primero involucra el convenio firmado en 2014 para construir 40 viviendas por el que el municipio recibió más de 16,6 millones de pesos.
Según la acusación, entre 2014 y 2015 se autorizaron pagos a la empresa Construcciones Normalizadas Viedma S A por más de 12,8 millones basados en certificados de obra que acreditaban un avance falso del 71 por ciento, cuando una auditoría determinó que la obra real apenas superaba el 42 por ciento. El perjuicio patrimonial actualizado asciende a 793 millones de pesos.

En ese mismo período se habría efectuado un pago adicional de un millón de pesos por otro certificado irregular vinculado a la obra de infraestructura. El segundo tramo apunta a la gestión de Iribarren, acusado de ordenar pagos indebidos a la misma empresa entre febrero y marzo de 2016 utilizando certificados falsos que atribuían un avance inexistente en el movimiento de suelos. Un informe técnico posterior estableció que la única obra ejecutada era el zanjeo de 14 viviendas y el perjuicio actualizado supera los 212 millones de pesos.
La Fiscalía imputó a todos los involucrados por defraudación en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con uso de documento público falso. El listado de testigos supera las 25 personas y la audiencia continuará el 29 de diciembre.
En paralelo, el empresario titular de la constructora recibió una suspensión de juicio a prueba al ser imputado por un delito excarcelable. Como reparación del daño deberá ejecutar la refacción del techo del cine teatro municipal de Sierra Grande, una obra valuada en 40 millones de pesos. Los trabajos serán dirigidos por él mismo y supervisados por el municipio, que ya acordó las condiciones para su realización.







