La provincia de San Luis procederá por primera vez a la destrucción de armas de fuego secuestradas en causas judiciales ya concluidas. La medida se implementará mediante la firma de un convenio entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial provincial, según confirmaron fuentes oficiales.
La iniciativa es posible a partir de la ley provincial aprobada en noviembre pasado, que establece la destrucción o reutilización con fines de interés público de armas de fuego secuestradas o decomisadas por orden judicial o administrativa. La norma se encuentra en sintonía con la Ley Nacional Nº 25.938, que regula la disposición final de este tipo de material.
Desde el gobierno provincial explicaron que las armas son secuestradas por la Policía, puestas a disposición de la Justicia y, una vez realizadas las pericias correspondientes, permanecen almacenadas en depósitos oficiales. La ministra de Seguridad, Nancy Sosa, advirtió que esta situación implica riesgos, ya que el armamento puede ser robado, extraviado o terminar en el mercado ilegal.
El procedimiento previsto contempla la intervención del Banco Nacional de Materiales Controlados (Banmac). Personal del organismo se trasladará a San Luis para retirar las armas bajo custodia policial y acompañar todo el proceso hasta su destrucción final.
Según detalló Sosa, el proceso comienza con la inutilización de las armas en el banco, continúa con su embalaje en contenedores especiales y concluye con el envío a una empresa especializada, donde el material es destruido en su totalidad y reutilizado de acuerdo con las características del acero.
Hasta el momento, solo dos provincias no habían enviado armas secuestradas para su destrucción: Formosa y San Luis. Con esta decisión, la provincia puntana se sumará al sistema nacional de eliminación de armas de fuego.
Fuente: Medios
