A once años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la investigación judicial avanza sobre uno de los ejes más delicados del expediente, la posible participación de sectores de inteligencia y un entramado de responsabilidades políticas orientado a desviar la causa para instalar la hipótesis del suicidio. Para los investigadores, ya no hay dudas de que se trató de un homicidio vinculado directamente a su rol como titular de la UFI AMIA y a la denuncia que había presentado contra Cristina Fernández de Kirchner por el Memorándum con Irán.
En ese marco, comenzaron a declarar agentes de inteligencia del Ejército que formaban parte de la estructura operativa en 2015. Al menos quince efectivos ya prestaron testimonio como testigos, aunque la pesquisa abarca un universo mayor. El foco está puesto en un grupo reducido cuyos teléfonos celulares fueron geolocalizados en las inmediaciones del edificio Le Parc, en Puerto Madero, durante el fin de semana del 18 de enero de 2015, cuando Nisman fue hallado muerto en el baño de su departamento con un disparo en la cabeza.
El fiscal se preparaba para presentarse horas después en el Congreso para exponer los fundamentos de su denuncia por encubrimiento del atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 y que dejó 85 muertos. Según la hipótesis judicial, la presencia de personal de inteligencia militar en la zona podría haber implicado tareas de espionaje interno, una práctica expresamente prohibida por la ley.
Dos líneas centrales de investigación
La causa avanza sobre dos ejes principales. Por un lado, la reconstrucción del accionar de los servicios de inteligencia y la posible intervención ilegal de agentes del Ejército, entonces bajo la conducción de César Milani. Por otro, una línea que apunta a ex funcionarios judiciales y políticos que habrían integrado un “plan criminal” destinado a desviar la investigación y evitar que se profundizara la hipótesis homicida.
En este segundo aspecto, los investigadores esperan novedades durante el primer semestre de 2026. El punto de partida será la declaración indagatoria de la ex fiscal Viviana Fein, prevista para fines de febrero, quien estuvo a cargo de la investigación inicial en el fuero ordinario. La Justicia busca avanzar con imputaciones concretas contra quienes, según la acusación, contribuyeron a encubrir lo ocurrido.
Espionaje prohibido y maniobras de desvío
Los agentes militares que ya declararon aportaron detalles sobre la estructura, la cadena de mandos y el funcionamiento operativo de la inteligencia en ese período. La sospecha central es que los efectivos detectados en Puerto Madero actuaron por fuera de sus funciones legales. Sus identidades aún no fueron citadas a indagatoria, pero ya forman parte del expediente a partir de informes técnicos de geolocalización.
Además, la causa acumula evidencia sobre tareas de inteligencia ilegal realizadas desde la Agencia Federal de Inteligencia. Testimonios de ex agentes indicaron que existió una orden desde la cúpula del organismo, entonces conducido por Oscar Parrilli, para espiar a la fiscalía que investigaba la muerte de Nisman. También se detectaron comunicaciones entre funcionarios políticos, entre ellas decenas de llamados del entonces ministro de Seguridad Sergio Berni a la ex presidenta, incluso desde el departamento del fiscal.
AMIA, Memorándum y la muerte del fiscal
La investigación está a cargo del fiscal Eduardo Taiano, con la coordinación de Hernán Kleiman, y tramita en una dependencia especial fuera de Comodoro Py. Para el equipo judicial, el atentado a la AMIA, la firma del Memorándum con Irán y el crimen de Nisman forman parte de una misma matriz de encubrimiento.
A lo largo de estos once años, el expediente estuvo marcado por obstáculos, falta de cooperación y resistencia institucional. Para obtener pruebas clave, la Justicia debió allanar la Casa Rosada y la ex SIDE. En 2018, la Cámara Federal confirmó que Nisman fue asesinado y descartó el suicidio, respaldando el peritaje de Gendarmería Nacional.
Nisman murió entre la noche del sábado 17 y la mañana del domingo 18 de enero de 2015. Aún hoy se desconoce quiénes ejecutaron el crimen y quiénes lo ordenaron.
Procesados e imputados
Hasta el momento, el único procesado por el hecho central es el técnico informático Diego Lagomarsino, dueño del arma utilizada. También están imputados los custodios del fiscal por incumplimiento de deberes y varios ex funcionarios por el desorden en la escena del crimen y la falta de preservación de pruebas, entre ellos Fein, Berni y ex jefes de fuerzas de seguridad.
Una de las preguntas que sigue abierta es por qué esa noche no intervino de inmediato la Justicia federal, pese a que Nisman era fiscal y llevaba adelante una investigación por terrorismo internacional. Recién en septiembre de 2016 la Corte Suprema definió la competencia federal.
A once años del hecho, la causa avanza lentamente, pero con una convicción que hoy atraviesa todo el expediente: la muerte de Alberto Nisman no fue un suicidio y aún quedan responsabilidades por establecer.
Fuente: Medios
