Una empleada del Registro Civil de la provincia de Neuquén es investigada por presuntos cobros indebidos y la confección de actas matrimoniales con datos falsos, hechos que habrían generado un perjuicio económico a un matrimonio y al Estado. Desde el ámbito judicial calificaron las conductas atribuidas como graves.
Este martes, durante una audiencia, el asistente letrado Facundo Bernat reformuló los cargos contra la trabajadora, quien está acusada de haber exigido un pago irregular a una pareja para concretar un casamiento y de haber asentado información falsa en el acta matrimonial.
Según explicó el representante del Ministerio Público Fiscal, los hechos y delitos originalmente imputados se mantienen, aunque la acusación fue modificada para incorporar agravantes y nuevas consecuencias económicas derivadas de las irregularidades detectadas.
De acuerdo al comunicado difundido por el Ministerio Público Fiscal provincial, son dos los hechos que se le atribuyen a la acusada. El primero se vincula a un presunto cobro ilegal ocurrido el 6 de enero de 2025, cuando, en su rol de oficial pública, habría exigido a la pareja el pago de 90 mil pesos, argumentando que el sellado abonado no correspondía al trámite matrimonial. El dinero fue transferido a una cuenta personal de la imputada.
El segundo hecho está relacionado con la confección del acta de matrimonio. Según expuso Bernat, la empleada omitió consignar que la ceremonia se realizó a domicilio y tampoco incluyó los testigos requeridos por la normativa vigente.
Tras la lectura de la acusación, la fiscalía sostuvo que estas irregularidades no solo configuran una falsedad documental, sino que también generaron un perjuicio patrimonial al Estado, al no haberse abonado la tasa correspondiente al casamiento a domicilio. Además, la situación obligó a los contrayentes a rectificar la documentación.
Por estos hechos, la mujer fue imputada por los delitos de exacciones ilegales agravadas, por haberse apropiado del provecho del ilícito, y falsedad ideológica agravada, por haber sido cometida por una funcionaria pública, en concurso real y en carácter de autora.
Finalmente, el fiscal solicitó una prórroga de tres meses para el plazo de investigación. El pedido fue aceptado por el juez de garantías Juan Guaita, quien también avaló la reformulación de los cargos.
Fuente: Medios
