El abogado Carlos Broitman, defensor de Konstantin Rudnev —señalado como presunto líder de la denominada “secta rusa de Bariloche”— presentó una acción de hábeas corpus preventivo al denunciar presuntas tareas de seguimiento e inteligencia sobre su domicilio particular, que atribuye a personal de fuerzas de seguridad del Estado.
La presentación fue realizada ante la Justicia al amparo del artículo 43 de la Constitución Nacional y de la Ley 23.098, ante el temor de una restricción ilegítima de su libertad ambulatoria y una posible afectación a su integridad personal. Los hechos denunciados habrían ocurrido en su vivienda del country “El Venado”, en la localidad bonaerense de Canning.
Según consta en el escrito, el episodio se inició cuando una persona se presentó en el acceso del barrio privado diciendo ser representante de Mercado Libre y solicitó verificar si Broitman residía en ese domicilio. Tras el contacto con el personal de seguridad, el individuo se retiró y subió a una camioneta Toyota Hilux blanca en la que se encontraban otros cuatro hombres. La situación motivó la activación del protocolo interno del country y un llamado al sistema de emergencias 911.
Posteriormente, ya con intervención policial, se constató que el vehículo involucrado no pertenecía a una empresa privada. De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, la camioneta sería propiedad del Ministerio de Seguridad de la Nación, un dato que la defensa considera central para agravar la gravedad institucional del hecho.
En la presentación judicial, Broitman sostuvo que el episodio “no puede ser interpretado como un hecho aislado ni casual” y lo vinculó directamente con su rol como defensor en la causa que investiga a Rudnev. En declaraciones públicas, afirmó que se trata de “presiones para que nos apartemos de la defensa” y advirtió sobre un posible patrón de actuación contra abogados vinculados al expediente.
El hábeas corpus solicita que el juez ordene medidas inmediatas para determinar si existen tareas de vigilancia o inteligencia sobre su persona y, en caso de comprobarse su existencia sin orden judicial válida, que se disponga su inmediata cesación. También pidió que se informe quién dispuso dichas maniobras, con qué finalidad y que se garantice la protección de su libertad personal y el pleno ejercicio de su actividad profesional.
La presentación fue acompañada por registros fotográficos del sistema de seguridad del country y documentación que, según la defensa, acredita la titularidad estatal del vehículo involucrado. Broitman sostuvo que desconoce si existe una orden judicial que justifique las supuestas tareas y afirmó que nunca fue notificado de ninguna actuación en su contra, remarcando que cualquier intervención “clandestina o subrepticia” es incompatible con el Estado de Derecho.
Fuente: Medios
