Las clínicas y sanatorios privados de la Patagonia confirmaron la suspensión de la atención programada y de las prestaciones ambulatorias no urgentes a afiliados del PAMI, en medio de una grave crisis financiera provocada por atrasos en los pagos y la falta de actualización de los aranceles. La medida afectó a las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa, donde miles de jubilados y pensionados reciben atención a través del sistema privado.
La decisión fue anunciada tras no obtener respuestas concretas por parte del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI), pese a los reclamos formales realizados por los prestadores. En una nota enviada el 4 de febrero de 2026 al director ejecutivo del organismo, Esteban Leguízamo, las instituciones habían advertido que, sin soluciones inmediatas, la afectación de los servicios sería inevitable.
Al no haberse regularizado la deuda ni conformado una mesa técnica de trabajo para revisar los valores de las prestaciones, las clínicas iniciaron desde el 10 de febrero una limitación progresiva de los servicios. La medida incluyó la suspensión de consultas programadas, estudios y tratamientos ambulatorios, aunque se mantuvo la atención de urgencias y emergencias.
Desde las entidades aclararon que la decisión no fue planteada como una medida de fuerza, sino como una consecuencia directa de la situación económica. Advirtieron que, si persiste la falta de respuestas, podría avanzarse hacia una suspensión total de las prestaciones.
Las instituciones señalaron que la situación llegó a un punto crítico que dificulta la operatividad cotidiana de los centros de salud. Según explicaron, el PAMI representa en promedio el 40% de los ingresos de las clínicas, porcentaje que en algunos establecimientos supera el 50%, lo que convierte a los pagos del organismo en una fuente clave para sostener salarios, insumos y servicios.
Entre los principales problemas enumeraron los atrasos en el pago de prestaciones ambulatorias y de los módulos de internación de Nivel II y III, además del corrimiento de las fechas de cobro, que impidió cumplir en tiempo y forma con el pago de sueldos del personal.
A esto se sumó un desfasaje entre los costos reales y los valores abonados por el PAMI, que no se actualizaron al ritmo de la inflación. Los prestadores indicaron que el valor real de los módulos prestacionales se fue depreciando, obligando a absorber gastos crecientes en medicamentos, tecnología y estructura sin una compensación adecuada.
Clínicas y sanatorios adheridos a la suspensión
El comunicado fue firmado por más de 28 instituciones privadas de la región patagónica. En Neuquén, se sumaron ADOS, Clínica y Maternidad Eva Perón, Sanatorio Plaza Huincul y Clínica Pasteur.
En Chubut, adhirieron Clínica San Miguel, Clínica del Valle, Instituto Pueblo de Luis, Sanatorio de la Ciudad e Instituto Cardiovascular Rawson.
En Río Negro, participaron Leben Salud, Hospital Privado Regional, Sanatorio San Carlos, Clínica Juan D. Perón, Sanatorio Austral, Clínica Central, Clínica Viedma, Clínica Roca, Policlínico Privado, Sanatorio Juan XXIII, IMEPA, Policlínico Modelo, Clínica Cruz del Sur, Instituto Radiológico General Roca y Sanatorio Río Negro.
En La Pampa, firmaron el comunicado el Sanatorio Santa Rosa, Clínica Argentina, Clínica Modelo y Clínica Regional.
Advertencias previas y pedido de soluciones
La suspensión fue la concreción de un escenario que los prestadores habían advertido días atrás. En el documento enviado al PAMI solicitaron la regularización inmediata de la deuda, una reunión urgente para consensuar soluciones y la reactivación de una mesa técnica para adecuar los aranceles a los costos reales.
Desde las clínicas remarcaron que la intención no era confrontar con el organismo, sino alertar sobre un escenario que pone en riesgo la continuidad de la atención. “No estamos en condiciones de garantizar la continuidad normal de los servicios”, habían señalado en el comunicado previo.
La crisis también impactó en el sistema de salud pública. El Gobierno de Neuquén había iniciado un reclamo judicial contra el PAMI por una deuda superior a los 1.500 millones de pesos, correspondiente a prestaciones brindadas a afiliados del organismo en hospitales provinciales.
Desde el Ministerio de Salud provincial indicaron que un porcentaje significativo de las camas hospitalarias está ocupado por pacientes con cobertura de PAMI, lo que genera una fuerte presión financiera sobre el sistema público cuando los pagos no se realizan en tiempo y forma.
Las instituciones privadas señalaron que buscan preservar la atención de los afiliados y las fuentes laborales del sector, pero advirtieron que, sin una recomposición financiera urgente, el sistema sanitario privado de la Patagonia podría ingresar en una zona de riesgo operativo.
Mientras tanto, miles de afiliados del PAMI quedaron con acceso limitado a consultas y tratamientos programados.
Fuente Medios
