Un grupo de legisladores de Unión por la Patria presentó este viernes una denuncia penal contra el titular del Palacio de Hacienda por presuntas irregularidades en el manejo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
La presentación judicial apunta a la decisión del Gobierno de no aplicar el nuevo método de cálculo del IPC, que ya estaba listo para entrar en vigencia en enero. Según los denunciantes, esa medida buscó postergar el impacto de la recomposición tarifaria en los precios al consumidor.
De acuerdo con el escrito, al que accedió medios, Caputo fue acusado por violación de los deberes de funcionario público, falsificación de documentos públicos y violación del secreto estadístico, entre otros delitos contemplados en el Código Penal y en la ley 17.622.

Strada sostuvo que el ministro “ordenó mantener un IPC basado en componentes desactualizados”, pese a que en octubre de 2025 el organismo estadístico ya había definido un nuevo esquema de medición. Para la diputada, se trata de una maniobra que configura “abuso de autoridad”.
Además, advirtió que la intervención sobre el índice tiene consecuencias directas en jubilaciones, pensiones, asignaciones y negociaciones salariales, tanto en el sector público como en el privado.
Denuncia penal contra el Ministro de Economía Luis Caputo
Junto a los diputados nacionales del Bloque de Unión por la Patria @gerpmartinez y @PaulaPenacca, esta mañana presentamos una denuncia penal contra el Ministro de Economía Luis Caputo por violación de los deberes de… pic.twitter.com/Gs90QawO1M
— Julia Strada (@Juli_Strada) February 13, 2026
La economista también remarcó que Caputo publicó en X diferencias entre ambos métodos de cálculo e incluso anticipó el dato de inflación de enero antes de su difusión oficial, lo que, según afirmó, constituye una violación del secreto estadístico.
“El IPC es uno de los indicadores económicos más relevantes del país y su manipulación afecta contratos, políticas públicas, decisiones financieras y la credibilidad macroeconómica del Estado”, subrayó Strada, quien agregó que el marco legal busca garantizar la independencia técnica del organismo y evitar cualquier interferencia política.

Fuente: Medios




