Una denuncia judicial presentada por la diputada nacional Marcela Pagano puso en el centro de la escena a Bettina Julieta Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, por los contratos y relaciones empresariales de su consultora +BE, que habrían involucrado a compañías con negocios o vínculos comerciales con el Estado.
La presentación recayó en el Juzgado Federal N.º 11, a cargo del juez Ariel Lijo, y plantea la posible existencia de un conflicto de intereses a partir de una supuesta red de relaciones comerciales entre empresas privadas y organismos públicos vinculados al funcionario.
Según el escrito judicial, uno de los ejes de la denuncia apunta a un presunto “circuito triangular de flujos económicos” entre la petrolera estatal YPF, la empresa National Shipping SA y la consultora +BE, propiedad de Angeletti.
De acuerdo con la denuncia, YPF mantiene desde hace décadas contratos con National Shipping, una compañía controlada por la familia Virasoro dedicada al transporte marítimo y fluvial de hidrocarburos. En ese marco, la consultora de Angeletti habría brindado capacitaciones a gerentes y jefes de la naviera en tres oportunidades —el 6 y 23 de noviembre de 2024 y el 3 de octubre de 2025— por un monto total de 6.370.000 pesos.
Pagano sostiene que ese vínculo comercial podría configurar un circuito indirecto de retorno de fondos hacia el entorno familiar de Adorni, quien actualmente integra el directorio de YPF como representante del Estado.
Desde la empresa naviera señalaron que sus contratos con YPF existen desde hace 28 años y destacaron que Adorni fue designado director de la petrolera en enero de 2026, es decir, con posterioridad a las capacitaciones brindadas por la consultora.
La denuncia también incluye un capítulo vinculado a la concesión del predio de Tecnópolis, una licitación estimada en 183.000 millones de pesos para una explotación por 25 años que está a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo que depende de la Jefatura de Gabinete.
Entre las empresas preseleccionadas para esa concesión figura DirecTV Argentina, asociada al Grupo Foggia, del empresario Marcelo Dionisio. Según la presentación judicial, ese grupo sería cliente de la consultora +BE, lo que, para la denunciante, podría constituir otro posible conflicto de intereses.
El expediente también menciona a Mara Natalia Gorini, asesora en la Secretaría General de la Presidencia —bajo la órbita de Karina Milei— y pareja de Dionisio. Gorini fue directora del Grupo Foggia hasta 2024 y, según la denuncia, continuaría vinculada a la empresa como apoderada.
Otro de los puntos señalados en la denuncia es que la consultora +BE habría tenido como cliente al Grupo Datco, una empresa tecnológica y de telecomunicaciones que presta servicios a diversos organismos estatales.
Entre los entes mencionados figuran ARCA, AySA, el Banco Central, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y Trenes Argentinos, lo que, según Pagano, podría reforzar la hipótesis de una red de relaciones comerciales entre la consultora y proveedores del Estado.
El escrito también plantea posibles irregularidades en licitaciones para el envío de SMS y correos electrónicos oficiales del Gobierno, impulsadas cuando Adorni se desempeñaba como secretario de Comunicación.En ese apartado se menciona una adjudicación superior a 3.650 millones de pesos en la que participaron las empresas ATX SA y Area Tech SA, que según la denuncia tendrían vínculos entre sí.
La presentación sostiene que Pablo Javier Casal, presidente de Area Tech, habría trabajado previamente para Rubén Santiago Ward, titular de ATX. Además, ambas firmas tendrían conexiones con Lugalu SA y compartirían domicilio en el barrio porteño de Parque Patricios.También se mencionan posibles vínculos entre Tsoft Informática SAS y Tecnosoftware SA, empresas que, de acuerdo con la denuncia, estarían controladas por la misma familia, lo que podría configurar un esquema de simulación de competencia en procesos licitatorios.
El escrito judicial solicita además que se investigue la evolución patrimonial de Adorni, al señalar que su salario como funcionario se mantendría en valores de 2023 mientras su patrimonio habría registrado un incremento.La denuncia también menciona la existencia de deudas con cuatro acreedores privados, entre los que figurarían familiares del funcionario.
En su presentación, Pagano sostuvo que el esquema descripto podría guardar similitudes con las causas “Hotesur” y “Los Sauces”, en las que se investigó el uso de estructuras empresariales familiares para canalizar pagos de empresas contratistas del Estado.
La Justicia federal deberá determinar ahora si los vínculos comerciales señalados corresponden a actividades privadas legítimas o si podrían constituir conflictos de interés o irregularidades en la relación entre empresas y el Estado.
Fuente: Medios
