Abogado de profesión, Alfredo Andrés Cury es todo un personaje de la fauna neuquina. No pintoresco, sino siniestro. Eso hace que de simpático no tenga nada. Aunque sí mucho de ridículo, ya que es parte irrefutable de aquellos a los que se considera soberbios en la derrota. Vive atado a un pasado del que ya no quedan ni vestigios; y es nada menos que la personificación misma de la corruptela que estuvo enquistada en el Estado provincial, hasta que llegó el nuevo gobierno y les puso fin a las prácticas delictivas de la vieja política.
Cury es uno de los que fueron condenados a prisión efectiva por la estafa multimillonaria en perjuicio no sólo de la Provincia (es decir, de todos los neuquinos), sino también de las familias carenciadas a las que jamás llegaron los planes sociales, porque el Dr. se los robó como parte de una banda de hampones, que conformó junto con otros sujetos que fueron funcionarios del ex gobernador Omar Gutiérrez. El saqueo lo perpetraron entre 2020 y 2022. Más claro, imposible.
Se organizaron y se asignaron roles para robar, de eso no hay dudas. Pero el fallo judicial (que se conoció hacia fines de 2025) los condenó por administración fraudulenta. Entonces, como la figura no encajaba, el gobernador Rolando Figueroa dispuso que el Ejecutivo provincial apelara en busca de una condena por asociación ilícita, lo que supone una pena aún más grave y acorde con lo que evidentemente ocurrió.
Ahora el expediente volvió a moverse. El viernes, la Justicia fijó la fecha de inicio para las audiencias de impugnación, que comenzarán el 27 de julio con fecha probable de finalización el 12 de agosto. Tanto la Fiscalía Penal como la Fiscalía de Estado impugnaron las absoluciones de los reos con respecto al delito de asociación ilícita. Si se aplica esta figura, la situación de Cury (condenado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva) se complicará aún más.
Durante años Cury pretendió llevarse al mundo por delante. Entre otras cosas, representó a la ex vicegobernadora Gloria Ruiz (destituida por hechos de corrupción y judicialmente procesada) No obstante, lo que más caracterizó a este letrado inmoral, con frustradas intenciones de personaje mediático, fue la naturalidad con la que se movía en los círculos rojos. Se mostraba junto a altos funcionarios y referentes del gobierno porque sabía que eso alimentaba su cuota de poder. Porque, aunque previsible y grotesco, la tenía y la usó tanto en sus presiones a funcionarios de la Justicia, como para mirar con desdén a los legisladores de aquel período. El gobierno de Gutiérrez no sólo lo tenía como empleado de planta permanente, sino que además lo había sumado a la planta política, con lo que le había elevado el sueldo.
En la semana que está a punto de terminar -para ser precisos, el miércoles- el gobernador estampó su firma en el decreto de exoneración del abogado. La purga lo alcanzó por el mismo motivo con el que le llegó la condena judicial: el robo de planes sociales. Y aquí un dato que lo pinta de cuerpo entero: tanto los investigadores judiciales como los auditores de la administración pública, dieron por acreditado que parte de los fondos robados terminaron directamente en la cuenta bancaria de Cury.
La caída de la banda de los estafadores planeros -aunque él se empeñe en no admitirlo- marcó el fin de Cury. El clan estaba integrado por funcionarios de alto rango como el ex ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca; el ex director de Planes, Ricardo Soiza y otros socios a los que también les gustaba contar dinero sucio delante de los pobres, como Marcos Osuna y Pablo Néstor Sanz.
Cury no sólo operó para él, sino también para garantizar que aquel engranaje corrupto -propio de los vicios de la vieja política- siguiera funcionado. Pero sólo funcionó hasta que llegó el nuevo gobierno e impuso la tolerancia cero. Hoy en día Cury y sus socios podrían dar lástima. Pero no lo merecen porque jugaron con cosas que no tienen repuesto. Condenar al hambre a familias desposeídas, como él lo hicieron, puede ser en extremo peligroso. Y es justo que paguen por eso.
