El Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó la fijación de una audiencia para avanzar con la formulación de cargos contra el intendente de Plottier, Luis Bertolini, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la administración municipal.
El requerimiento fue presentado por la fiscal de Delitos Económicos, Rocío Rivero, bajo la supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli. La solicitud ingresó el viernes pasado ante la Oficina Judicial de Neuquén, donde se pidió definir fecha y hora para la audiencia.
Además del jefe comunal, el MPF busca imputar a la subsecretaria de Hacienda del municipio, Gladys Ramírez, y al titular de una empresa privada, en el contexto de una causa iniciada en enero de 2026 tras una denuncia particular.
La investigación se centra en dos ejes. Por un lado, el decreto 646/25 firmado por Bertolini, mediante el cual se eximió del pago de tasas municipales a vecinos del barrio privado “Los Canales” durante el primer semestre de 2025. Por otro, se analizan presuntas irregularidades en la contratación de una empresa para ejecutar obras públicas, que tendría vínculos con familiares de funcionarios municipales.
Los delitos bajo análisis son administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Allanamientos y avance de la causa
En el marco de esta investigación, el pasado 6 de febrero la fiscalía realizó ocho allanamientos en las ciudades de Plottier, Neuquén capital y Cipolletti. Los procedimientos fueron encabezados por Vignaroli y tuvieron como objetivo recolectar documentación y material relevante para la causa.
Cinco de los operativos se llevaron a cabo en Plottier, incluyendo la sede municipal, el área de Hacienda, el despacho del intendente y su domicilio particular. También hubo intervenciones en Neuquén capital y en Cipolletti.
Según explicó el fiscal jefe, la causa se originó a partir de una denuncia presentada a mediados de enero, en la que se señalaban posibles delitos contra la administración pública.
Respecto del decreto que otorgó exenciones impositivas, Vignaroli advirtió que la medida podría constituir un abuso de autoridad, ya que la Carta Orgánica local establece que ese tipo de beneficios deben ser aprobados por el Concejo Deliberante. Además, indicó que se habría aplicado de manera desigual entre propietarios del mismo barrio.
Contrataciones bajo sospecha
El segundo eje de la investigación apunta a la contratación de una empresa privada para la realización de obras públicas. Según la denuncia, existiría una posible incompatibilidad, ya que uno de los socios de la firma estaría vinculado familiarmente con la subsecretaria de Hacienda.
La Fiscalía señaló que la empresa en cuestión pertenece a dos personas, entre ellas un hijo de la funcionaria, y que además no contaría con CUIT habilitado. En ese contexto, se detectaron contratos firmados a nombre de uno de los socios, quien facturaba utilizando el nombre de la firma, lo que —según los investigadores— podría haber buscado dar apariencia de legalidad a la operatoria.
Parte de la documentación vinculada a estas contrataciones fue secuestrada durante los allanamientos realizados en el despacho del intendente. Desde el MPF no descartan que la investigación pueda ampliarse a otros funcionarios que hayan participado o convalidado las decisiones bajo análisis.
Fuente: Medios
