El rector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Anselmo Torres, celebró el fallo judicial que ordena aplicar la ley de financiamiento universitario y exigió al Gobierno nacional su cumplimiento “sin dilaciones”.
“Fue una grata noticia, es una gran noticia para los universitarios. No debiera discutirse esto de cumplir la ley y eso viene a decir la justicia con este dictamen”, expresó el dirigente.
Torres advirtió sobre la necesidad de aplicar la norma de manera urgente para evitar el deterioro del sistema universitario, en particular la pérdida de docentes por bajos salarios. “Los docentes universitarios se están yendo porque los salarios son muy bajos y eso afecta la calidad del sistema universitario”, señaló.
En esa línea, fue categórico: “La justicia pone orden y esperamos que el gobierno empiece a cumplir la ley. No es una opción, una elección o interpretación”.
Advertencia por el impacto presupuestario
El rector alertó además sobre el impacto del ajuste en el funcionamiento de las universidades y de los hospitales escuela.
Indicó que la última actualización presupuestaria se realizó en 2024 y que la ley de financiamiento contempla no solo recomposición salarial, sino también becas, infraestructura y apoyo al sistema científico.
“En el presupuesto 2026 nos otorgaron para la UNRN 17 millones para salud. Tenemos tres hospitales escuela y ni siquiera los servicios pagamos con ese monto”, ejemplificó. Y agregó: “No podemos renovar los sillones del hospital escuela de odontología. El impacto que genera la falta de presupuesto es muy grande”.
El fallo judicial
La resolución de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la medida cautelar que ordena al Poder Ejecutivo aplicar de manera inmediata aspectos centrales de la ley 27.795 de financiamiento universitario.
El fallo consideró que los argumentos que justificaron la cautelar no fueron desvirtuados y ratificó la vigencia de la norma, sancionada por el Congreso y promulgada bajo el decreto 759/25, que había condicionado su aplicación a la asignación de partidas específicas.
Desde el sistema universitario advierten que el cumplimiento de la ley es clave para frenar la pérdida de docentes y garantizar el funcionamiento de las instituciones en un contexto de crisis presupuestaria que impacta directamente en la calidad educativa y científica del país.
Fuente: Medios.
