En una audiencia realizada este miércoles en Neuquén, el juez de garantías Luis Giorgetti rechazó el pedido del Ministerio Público Fiscal y de la Fiscalía de Estado para suspender los plazos procesales en la causa por estafas con planes sociales.
La solicitud apuntaba a frenar el cómputo de los plazos hasta el 26 de julio para un grupo de imputados a quienes se les formularon cargos el 29 de noviembre de 2022, entre ellos Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sanz, Marcos Osuna, Valeria Honorio, Isabel Montoya y Emmanuel Victoria Contreras.
El planteo de la fiscalía se basó en que, según el Código Procesal Penal de la provincia, los procesos penales tienen un plazo máximo de duración de tres años —extendido a cuatro en causas complejas—, tras lo cual corresponde el sobreseimiento si no hay resolución. En este caso, advirtieron sobre un posible vencimiento antes de que se realicen las audiencias de impugnación, previstas para fines de julio.
El fiscal del caso, Juan Narváez, con el acompañamiento del representante de la Fiscalía de Estado, Gustavo Kohon, argumentó que existe un período de inactividad de varios meses hasta esa instancia, lo que podría afectar el cumplimiento de los plazos legales. Por eso, solicitó suspender su cómputo de manera preventiva.
Las defensas se opusieron al pedido al considerar que no era el momento procesal adecuado y que no existe una norma que habilite esa suspensión. Sostuvieron además que la cuestión debe plantearse en caso de que el vencimiento efectivamente ocurra.
Al resolver, Giorgetti concluyó que la solicitud carece de sustento legal y que no corresponde anticipar un análisis sobre un eventual vencimiento que aún no se produjo. También advirtió que una medida de este tipo podría afectar derechos de los imputados, especialmente de aquellos que se encuentran bajo prisión domiciliaria, al implicar una paralización del proceso.
En ese marco, el juez resolvió rechazar el planteo y disponer la continuidad del trámite en las condiciones actuales.
La causa por estafas con planes sociales fue declarada compleja y abarca hechos ocurridos entre 2020 y 2022. En diciembre pasado, un tribunal condenó a doce personas, entre ellas los exfuncionarios Abel Di Luca, Tomás Siengentharler y Ricardo Soiza, quienes recibieron penas de hasta cinco años de prisión efectiva, además de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Fuente: Medios
