El caso de Mariela Fernanda Marzano, investigada por presunto ejercicio ilegal de la medicina en Río Negro, sumó un nuevo capítulo este lunes. Un abogado denunció que la mujer habría intervenido en la atención de un paciente que falleció tras permanecer internado durante varios meses.
El letrado Michael Díaz, representante de una familia de Allen, sostuvo que el caso podría encuadrarse en una posible mala praxis y anticipó que presentará una denuncia penal.
Según explicó Díaz, el paciente ingresó inicialmente con una pancreatitis leve en el hospital de Allen y luego fue derivado a una clínica privada de General Roca.
De acuerdo a la historia clínica, durante la internación el cuadro se fue agravando progresivamente. El abogado indicó que se registraron cambios reiterados en los diagnósticos y que el hombre terminó con falla multiorgánica, neumonía intrahospitalaria y necesidad de diálisis.
También afirmó que el paciente, que no tenía antecedentes respiratorios, fue sometido a intubación, traqueotomía y múltiples intervenciones quirúrgicas. Permaneció internado durante tres meses y finalmente falleció.
Señalamientos sobre la intervención de la acusada
Díaz vinculó la evolución del cuadro con la actuación de Marzano, a quien calificó como “supuesta médica”. Según sostuvo, habría participado en decisiones clínicas durante la internación.
El abogado agregó que la familia tomó conocimiento de la identidad de la mujer a partir de la difusión pública del caso en las últimas semanas, lo que motivó avanzar con la denuncia.
En ese sentido, anticipó que analizará la posible comisión de delitos como ejercicio ilegal de la medicina y homicidio culposo.
Una investigación en curso por títulos presuntamente falsos
La causa contra Marzano se inició tras una investigación del Ministerio de Salud de Río Negro, que detectó irregularidades en la documentación con la que obtuvo su matrícula profesional y dispuso su suspensión.
A partir de allí se abrió un legajo judicial para determinar si la mujer ejerció durante años con títulos presuntamente apócrifos, tanto en clínicas privadas como en el sistema público del Alto Valle.
En el marco de la investigación, la Justicia ordenó allanamientos, la detención de la mujer y el secuestro de documentación médica y dispositivos electrónicos.
Posteriormente, en audiencia judicial, se le impusieron medidas cautelares. Si bien recuperó la libertad, debe cumplir con tobillera electrónica, prohibición de salir del país e inhibición de bienes, mientras continúa la investigación preliminar.
Fuente: Medios.
