El Gobierno de Río Negro avanzó con nuevas sanciones a empleados estatales en el marco de los controles disciplinarios que lleva adelante la administración pública. Según se informó, tras recientes reuniones de la Junta de Disciplina se resolvieron 6 cesantías, 33 suspensiones sin goce de haberes y 3 apercibimientos por incumplimientos considerados graves.
Las medidas forman parte de una política orientada a garantizar el correcto funcionamiento del Estado y el uso adecuado de los recursos públicos, con el objetivo de sostener la calidad de los servicios.
Desde el inicio de la gestión en enero de 2024, la Provincia tramitó más de 1.200 expedientes disciplinarios. En ese período se registraron 102 cesantías, 6 exoneraciones y 492 suspensiones. Además, se dictaron 91 sobreseimientos y se archivaron 245 actuaciones al no comprobarse faltas.
Las últimas cesantías estuvieron vinculadas principalmente a abandono de servicio, con agentes que se ausentaron de sus puestos durante períodos prolongados sin justificación, incluso tras ser intimados.
También se sancionaron situaciones con impacto directo en la atención a la población. Entre los casos mencionados, se dispuso la cesantía de un trabajador de un hospital público encargado de asignar turnos para tomografías, debido al incumplimiento de su carga horaria, lo que afectaba el acceso de pacientes a estudios.
En otro caso, un agente de salud fue cesanteado por maltrato reiterado a compañeros y pacientes, además de abandonar su puesto dejando personas internadas sin atención.
Las suspensiones, en tanto, se aplicaron por conductas como el uso indebido de una ambulancia oficial para participar en una manifestación, presentarse a trabajar en estado de ebriedad y situaciones de acoso laboral.
El régimen disciplinario establece un sistema progresivo: cuando un agente acumula sanciones que superan los 30 días de suspensión, puede derivar en la cesantía.
Si bien la mayoría de las sanciones se concentra en el área de salud, también se registraron medidas en organismos como SENAF, IPROSS, IPPV y en áreas de Desarrollo Humano, Deporte, Cultura y Educación.
Los sumarios son instruidos por equipos técnicos que reúnen pruebas y garantizan el derecho a defensa. La resolución final corresponde a la Junta de Disciplina, integrada por representantes del Ejecutivo y de los gremios ATE y UPCN.
La secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, sostuvo que el objetivo es fortalecer la eficiencia del Estado. “Tenemos la responsabilidad de usar las herramientas legales para poner orden. No hacerlo sería fallarle a la gran mayoría de los empleados que cumplen y a los rionegrinos”, afirmó.
Fuente: Medios
