Cesantearon a un empleado estatal en Neuquén por amenazas, agresiones y violencia laboral sostenida

Se trata de un agente del Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura. La medida se tomó tras un sumario que comprobó un patrón de conductas intimidatorias y hostigamiento en el ámbito laboral.

El Gobierno de Neuquén dispuso la cesantía de Carlos Roberto Cides, un agente de planta permanente que se desempeñaba en el ámbito del Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura de Neuquén, luego de comprobarse que incurrió en amenazas de muerte, agresiones verbales reiteradas y conductas intimidatorias hacia compañeros y superiores.

La decisión se adoptó tras un sumario administrativo iniciado el 9 de abril de 2025, que permitió reconstruir un patrón de violencia laboral sostenido desde julio de 2024. Según la investigación, el agente generó un clima de hostilidad persistente en distintas dependencias, afectando el funcionamiento normal del área.

Las actuaciones incluyeron hechos ocurridos en espacios vinculados a políticas culturales y al ENCINE, donde —de acuerdo a testimonios y pruebas reunidas— se registraron intimidaciones, descalificaciones y amenazas directas contra la integridad de otros trabajadores.

A su vez, la intervención de la Oficina de Intervención en Violencia Laboral, integrada por profesionales de distintas disciplinas, concluyó que el agente representaba un “alto riesgo”, destacando su falta de autocrítica y la persistencia en sostener comportamientos agresivos. También se acreditaron incumplimientos reiterados de tareas, desobediencia a directivas y acusaciones sin sustento contra integrantes del equipo.

Durante el proceso, se había dispuesto una suspensión sin goce de haberes como medida preventiva. El agente intentó revertirla por vía judicial, pero el Juzgado Procesal Administrativo N°1 rechazó el planteo, al considerar que debía priorizarse la protección del entorno laboral y el interés público.

Con todos los elementos reunidos, la Junta de Disciplina recomendó la cesantía definitiva, al considerar la continuidad de las conductas, la cantidad de personas afectadas, la gravedad de las amenazas y la imposibilidad de revertir la situación mediante medidas correctivas.

La resolución se inscribe en la política de “tolerancia cero” que impulsa la actual gestión provincial frente a hechos de violencia, indisciplina e incumplimientos dentro de la administración pública, con el objetivo de resguardar a los trabajadores y garantizar el funcionamiento de los servicios.

Fuente: Medios

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