La causa, que avanza en la órbita penal, expone un presunto esquema de defraudación sistemática montado desde una agencia ubicada en calle Mitre 930 de General Roca. Según la acusación fiscal, la imputada —en su rol de propietaria— habría vendido paquetes turísticos y pasajes aéreos a destinos nacionales e internacionales aun sabiendo que no podría cumplir con los servicios ofrecidos ni reintegrar el dinero recibido. La fiscalía sostiene que la mujer carecía de capacidad financiera para responder ante sus clientes, lo que habría derivado en un perjuicio económico millonario.
El volumen del daño es uno de los puntos más sensibles del expediente: se calcula un impacto de 225.996 dólares y 116.856.052 pesos, cifras que surgen de las múltiples denuncias incorporadas a una formulación de cargos que supera las 100 páginas.
Entre las pruebas reunidas figuran transferencias bancarias, pagos en efectivo, presupuestos confeccionados de forma precaria —sin membrete ni validez formal— y recibos irregulares que carecían de firma y sello.
A esto se suman informes clave de organismos oficiales. La Inspección Regional de Personas Jurídicas confirmó que la firma no estaba inscripta bajo ninguna razón social, mientras que la Agencia de Recaudación Tributaria y el Banco Central aportaron documentación sobre movimientos financieros. En paralelo, la Municipalidad de General Roca dejó constancia de que la imputada nunca completó el trámite de habilitación comercial, y desde la Secretaría de Turismo de la Nación se incorporaron antecedentes del sector.
Otro dato relevante es la intervención de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo, que en febrero de este año resolvió dar de baja a la agencia involucrada. También forman parte del expediente el acta de allanamiento y reportes de plataformas financieras que habrían sido utilizadas para canalizar los pagos.
La calificación legal aceptada por la jueza de Garantías encuadra los hechos en defraudación en diversas modalidades: abuso de confianza, uso no autorizado de datos de tarjetas de crédito y retención indebida de fondos. Si bien la defensa pública no presentó objeciones formales durante la audiencia, aclaró que ello no implica avalar ni los hechos ni la evidencia expuesta por la fiscalía.
En este contexto, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prórroga de las medidas cautelares, argumentando que aún resta producir prueba y que continúan ingresando nuevas denuncias. La magistrada hizo lugar al planteo y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación penal preparatoria, extendiendo en paralelo las restricciones sobre la imputada.
De esta manera, la mujer deberá mantener el domicilio fijado, tiene prohibida la salida del país, continúa con la inhibición y bloqueo de bienes —incluyendo inmuebles y vehículos—, el congelamiento de cuentas bancarias y la obligación de presentarse periódicamente ante la fiscalía.
El expediente sigue abierto y bajo análisis, mientras la Justicia intenta determinar el alcance total de una maniobra que, de confirmarse, podría convertirse en uno de los casos de estafa turística más relevantes de la región en los últimos años.
