La situación judicial que involucra al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúa generando repercusiones dentro del Gobierno nacional. A más de una semana de que el presidente Javier Milei asegurara públicamente que la declaración jurada del funcionario sería presentada “lo antes posible”, el documento todavía no fue entregado ante la Oficina Anticorrupción y no existe una fecha confirmada para su difusión.
La demora comenzó a provocar incomodidad en distintos sectores de la administración libertaria, donde varios dirigentes consideran que el tema ya afecta el funcionamiento político del Ejecutivo y opaca la agenda oficial. En el entorno gubernamental crece la preocupación por el impacto que las denuncias y revelaciones vinculadas al patrimonio de Adorni tienen sobre la imagen del oficialismo.

“Así es muy difícil”, señalaron dirigentes con llegada diaria a la Casa Rosada, en referencia al desgaste que provoca el caso puertas adentro. La situación tomó mayor relevancia luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reclamara públicamente una resolución rápida del tema y pidiera que el funcionario aclarara su situación patrimonial.
Inicialmente, Adorni había adelantado que presentaría la documentación correspondiente ante la Oficina Anticorrupción y atribuyó la difusión de esa decisión a una declaración anticipada de Bullrich. En aquel momento, desde el Gobierno estimaban que la declaración jurada podría conocerse en un plazo de entre 25 y 30 días. Sin embargo, con el correr de los días, esa posibilidad perdió fuerza y actualmente no hay precisiones sobre cuándo será presentada.
Dentro del oficialismo sostienen que la falta de definiciones alimenta las tensiones internas y obliga al Gobierno a concentrar gran parte de su discurso público en la defensa del funcionario, en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
Pese al malestar que genera el tema en algunos sectores de La Libertad Avanza, Milei mantiene su respaldo político a Adorni y considera que se trata de un dirigente “leal” y “honesto”. En ese contexto, dirigentes oficialistas admiten que el Presidente no evalúa apartarlo del cargo, incluso frente al costo político que el caso pueda tener para la gestión.
Fuente: Medios




