La audiencia de formulación de cargos contra 119 imputados en la causa que investiga una presunta defraudación al Estado mediante la utilización de certificados médicos falsos fue suspendida este jueves por decisión del juez de Garantías Adrián Dvorzak.
El trámite, realizado en los tribunales de Viedma, duró menos de media hora. El magistrado resolvió postergar el inicio formal de las imputaciones para garantizar el debido proceso y el derecho de defensa de todas las personas involucradas en el expediente.
Durante la audiencia estuvieron presentes los fiscales Juan Pedro Peralta y Francisco Marano, representantes de la Fiscalía de Estado, defensores oficiales y particulares, además de decenas de imputados que siguieron el procedimiento de manera presencial y virtual.
Dvorzak explicó que la decisión busca dar un tratamiento ordenado a una causa de gran magnitud y asegurar una adecuada tutela judicial tanto para la parte denunciante como para los acusados.
Por ese motivo, dispuso que en un plazo de diez días los abogados defensores presenten ante la Oficina Judicial el listado completo de sus representados y sus datos personales.
Posteriormente se realizará una audiencia exclusivamente con los letrados para abordar cuestiones técnicas vinculadas al proceso. Una vez cumplidas esas etapas, comenzará la formulación de cargos en grupos reducidos de aproximadamente 20 imputados por audiencia.
Una causa sin antecedentes
La investigación involucra actualmente a 119 personas, en su mayoría integrantes de la Policía de Río Negro y del Servicio Penitenciario Provincial, y es considerada una de las más grandes de este tipo en el país.
El expediente se inició el 23 de mayo de 2024 a partir de una denuncia presentada por el gobernador Alberto Weretilneck, el fiscal de Estado Gastón Pérez Esteban y el fiscal de Estado adjunto Luciano Minetti Kern.
Días después, la presentación fue ampliada para investigar la actuación de una médica de General Roca y un psicólogo de Villa Regina, señalados por la emisión de certificados médicos que habrían sido utilizados por empleados públicos.
Con el avance de la investigación, el profesional de Regina quedó desvinculado de la causa, mientras que la médica continúa bajo investigación junto a otra persona acusada de haber actuado como gestor.
La acusación
Tras casi dos años de recopilación de documentación y pruebas, el Ministerio Público Fiscal solicitó la formulación de cargos contra más de un centenar de personas.
La hipótesis de la acusación sostiene que los imputados habrían presentado certificados médicos con diagnósticos falsos o impedimentos laborales inexistentes para justificar inasistencias y obtener beneficios laborales, configurando una presunta defraudación en perjuicio de la administración pública provincial.
Con la reorganización dispuesta por el juez, la causa ingresará ahora en una nueva etapa procesal antes de que comiencen formalmente las imputaciones.
Fuente: Medios.
