El Gobierno nacional oficializó un nuevo protocolo para el control de la propiedad intelectual de las semillas, una medida orientada a fortalecer la protección de las variedades registradas y fomentar la incorporación de tecnología en el sector agropecuario. Según estimaciones oficiales, la iniciativa podría traducirse en un aumento de más de US$4.000 millones anuales en las exportaciones agroindustriales.
La disposición fue establecida mediante la Resolución Conjunta 3/2026 del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, publicada este lunes en el Boletín Oficial. La norma crea un sistema de control de identidad varietal de los granos desde el primer punto de entrega, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los derechos de los obtentores de semillas.
Desde el Ejecutivo señalaron que el avance de las tecnologías de identificación genética permite verificar con mayor precisión el origen de las variedades utilizadas, facilitando los controles y fortaleciendo las herramientas disponibles para detectar posibles infracciones a la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N.º 20.247.
Al presentar la medida, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó que el nuevo esquema busca modernizar el sistema de protección de semillas y generar condiciones más favorables para el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas al agro. Además, sostuvo que la iniciativa contribuirá a incrementar la productividad y el potencial exportador del sector.
La normativa establece que todos los establecimientos que operen como primer punto de entrega de granos deberán estar registrados en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA). Las muestras obtenidas deberán analizarse bajo procedimientos oficiales y únicamente podrán intervenir entidades habilitadas por el INASE mediante convenios específicos.
Una vez completado el análisis, los resultados deberán notificarse de manera simultánea tanto al titular de la variedad vegetal como al productor responsable de la muestra. Asimismo, se prevé la conservación de una muestra de respaldo durante 60 días para atender posibles reclamos o denuncias.
En caso de detectarse irregularidades, los titulares de las variedades registradas podrán iniciar actuaciones ante el INASE, que tendrá la facultad de aplicar las sanciones contempladas en la legislación vigente.
La implementación alcanzará a los cultivares que se inscriban en los registros nacionales a partir de la entrada en vigencia de la resolución. Con este nuevo esquema, el Gobierno busca reforzar la trazabilidad del mercado de semillas, proteger las inversiones en mejoramiento genético y promover un mayor crecimiento de la actividad agroexportadora.
Fuente: Medios
