La investigación por presuntas irregularidades en contrataciones realizadas en la Legislatura de Neuquén sumó nuevos capítulos. La fiscalía de Delitos Económicos solicitó ampliar la causa que tiene como principal imputada a la exvicegobernadora Gloria Ruiz e incorporó a cuatro nuevas personas señaladas por su presunta participación en distintas maniobras que habrían generado un millonario perjuicio al Estado provincial.
Durante una audiencia realizada este martes, el fiscal Juan Narvaez amplió las acusaciones que ya pesaban sobre Ruiz, la exsecretaria de Cámara María Isabel Ricchini y la exprosecretaria administrativa Élida Noemí Sánchez. Además, pidió la incorporación como imputados del publicista Santiago Romera, el empresario Pedro Sauer, el exvocero de prensa Pablo Shapira y María Angélica Cowper.
La audiencia fue presidida por el juez de Garantías Juan Manuel Kees, quien resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el jueves para permitir que las defensas respondan las nuevas imputaciones. Ese día también está previsto que la fiscalía presente un nuevo hecho dentro de la investigación.
Uno de los ejes de la ampliación está relacionado con la contratación de la firma Big Sur Marketing. Según la acusación, la empresa habría sido beneficiada mediante una contratación directa que ocasionó un perjuicio económico superior a los 45 millones de pesos. La fiscalía sostiene que el procedimiento se realizó por una vía excepcional pese a que el monto involucrado requería la aplicación de mecanismos de selección establecidos por la normativa vigente.
Por este episodio, Narvaez solicitó imputar a Santiago Romera, gerente de la empresa, como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.
La fiscalía también avanzó sobre un conjunto de 16 contrataciones vinculadas a servicios gráficos. De acuerdo con la investigación, Pedro Sauer habría resultado beneficiado con contrataciones que totalizaron más de 45 millones de pesos y que, según el Ministerio Público Fiscal, se realizaron al margen de los procedimientos legales previstos.
Otro de los hechos incorporados a la causa involucra al exvocero de Ruiz, Pablo Shapira, y a su pareja, María Angélica Cowper. La acusación sostiene que, tras la baja formal de Shapira de la estructura legislativa en abril de 2024, se habría utilizado un contrato de locación de servicios a nombre de Cowper para mantener funciones vinculadas al área de prensa.
Según la fiscalía, entre julio y noviembre de 2024 la Legislatura transfirió a Cowper más de 19 millones de pesos por tareas que, de acuerdo con la investigación, no habrían sido efectivamente realizadas.
El equipo de Delitos Económicos considera que las distintas maniobras investigadas encuadran en el delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública. Ahora será el juez Kees quien deberá resolver si hace lugar a las nuevas imputaciones y permite que la investigación continúe bajo los términos planteados por la fiscalía.
Fuente: Medios
