Este jueves, el juez de garantías Juan Manuel Kees rechazó el pedido presentado por la Fiscalía para ampliar la formulación de cargos e incorporar nuevos imputados al expediente. El magistrado consideró que algunos de los planteos no cumplían con los requisitos procesales necesarios o que no demostraban un perjuicio económico adicional para el Estado.
La resolución fue dictada al cierre de una audiencia que había comenzado el lunes y que analizó una serie de nuevas acusaciones impulsadas por el Ministerio Público Fiscal.
La ampliación de cargos que no prosperó
La Fiscalía buscaba incorporar a la investigación a nuevas personas vinculadas al entorno de la ex vicegobernadora, entre ellas el socio gerente de una empresa de marketing, un proveedor de servicios publicitarios, un ex asesor de prensa y su esposa.
Además, pretendía ampliar las acusaciones contra Ruiz, la ex secretaria de Cámara de la Legislatura, María Isabel Ricchini, y la ex prosecretaria administrativa, Élida Noemí Sánchez. Sin embargo, el juez resolvió no hacer lugar a esos planteos en esta instancia.
Entre sus argumentos, sostuvo que en algunos casos no se acreditó un perjuicio económico concreto para el Estado y cuestionó la forma en que fueron presentados determinados hechos y su encuadre jurídico.
Respecto de las contrataciones vinculadas a servicios de comunicación, publicidad y marketing, consideró que la teoría presentada por la Fiscalía analizaba hechos separados cuando, eventualmente, deberían evaluarse dentro de una misma maniobra de administración fraudulenta.
No obstante, aclaró que la decisión no impide que la Fiscalía reformule los cargos y vuelva a presentar una acusación con una estructura jurídica diferente.
La investigación sigue vigente
Pese al revés para los fiscales, la causa principal contra la ex vicegobernadora continúa en marcha. La resolución judicial no modifica la investigación iniciada en 2025 contra Ruiz, Ricchini y Sánchez por presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la Legislatura.
La pesquisa surgió a partir de una investigación que inicialmente tuvo como protagonista a Pablo Ruiz, hermano de la ex funcionaria y ex coordinador de Casa de las Leyes, quien ya fue condenado por delitos vinculados a la administración irregular de fondos públicos.
A partir de aquella causa, el Ministerio Público Fiscal avanzó con nuevas denuncias relacionadas con la gestión de Gloria Ruiz al frente de la Vicegobernación.
La investigación incluyó allanamientos en la Legislatura provincial y derivó en un proceso político que concluyó con la destitución de Ruiz a fines de 2024, luego de que los diputados aprobaran su remoción por “inhabilidad moral”.
Por su parte, la ex vicegobernadora siempre sostuvo que las acusaciones respondían a una persecución política.
Prorrogan la investigación y mantienen medidas cautelares
Durante la audiencia, el juez también resolvió extender por cuatro meses el plazo de investigación preparatoria sobre los cargos ya existentes. La prórroga había sido solicitada por las defensas y no encontró oposición por parte de la Fiscalía ni de la Fiscalía de Estado. Además, continuarán vigentes las medidas cautelares patrimoniales dispuestas sobre las imputadas.
En el caso de Gloria Ruiz, seguirá la inhibición general de bienes. Para María Isabel Ricchini continuará el embargo de un inmueble ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto con la inhibición general de bienes, mientras que para Élida Noemí Sánchez también se mantendrá la inhibición patrimonial.
Otro revés judicial reciente
La ex vicegobernadora había solicitado su restitución al cargo y el pago de dietas y haberes que dejó de percibir tras su salida de la Legislatura.
Sin embargo, la magistrada consideró que la vía del amparo no era procedente para revisar decisiones legislativas y también observó que la presentación había sido realizada fuera de los plazos correspondientes.
Fuente: Medios
