La medida entró en vigencia tras la publicación del Decreto 234/2026, firmado por el gobernador Rolando Figueroa, que aprueba la reglamentación de la Ley 3531. Con esta normativa, la provincia se posiciona entre las primeras del país en establecer controles sistemáticos de consumo de sustancias psicoactivas para autoridades de los tres poderes del Estado.
El mecanismo comenzó a aplicarse en el ámbito del Poder Ejecutivo, donde se realizaron los primeros sorteos aleatorios para definir qué funcionarios debían presentarse a los laboratorios habilitados. Los seleccionados fueron notificados formalmente y contaron con un plazo de 24 horas para concurrir, garantizando el carácter sorpresivo del procedimiento. Según se informó, los primeros controles ya fueron realizados.
Durante 2025, tanto el gobernador como las máximas autoridades del Tribunal Superior de Justicia habían participado de análisis toxicológicos de manera voluntaria, como instancia previa a la implementación obligatoria del sistema.
La reglamentación establece que los exámenes son un requisito para la permanencia en los cargos y alcanzan a ministros, secretarios, diputados provinciales y directores de organismos autárquicos, entre otros funcionarios.
El protocolo se realiza mediante muestras de orina y permite detectar sustancias como cocaína y derivados cannábicos, opiáceos, anfetaminas, metanfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos, en casos de consumo no prescripto.
El Instituto Provincial de Juegos de Azar (IJAN) es el organismo encargado de llevar adelante los sorteos trimestrales que determinan la selección del 12,5% del universo total de funcionarios alcanzados por la normativa, con el objetivo de garantizar que la totalidad del plantel sea evaluado a lo largo del año.
En caso de resultados preliminares positivos, la norma prevé la posibilidad de una contraprueba con una segunda muestra de resguardo. Asimismo, los funcionarios que se encuentren bajo tratamiento médico deben acreditar la correspondiente prescripción e historia clínica dentro de las 48 horas posteriores.
La reglamentación también establece que la negativa injustificada o la inasistencia dentro del plazo de 24 horas se considera equivalente a un resultado positivo, lo que activa los mecanismos administrativos y sancionatorios previstos.
El costo de los estudios es descontado directamente de los haberes de los funcionarios evaluados, según lo dispuesto en el anexo reglamentario.
Para la supervisión del sistema se creó la Comisión Evaluadora Interpoderes, integrada por representantes del área de salud laboral o pericial médica de los tres poderes del Estado. Este organismo será el encargado de intervenir en la resolución de controversias técnicas y en la validación de resultados.
Con esta implementación, Neuquén avanza en la consolidación de un esquema de control institucional orientado a fortalecer la transparencia, la ética pública y la confianza ciudadana en la administración del Estado.
Fuente: Medios
