La solicitud se centra en la rendición detallada de los descuentos millonarios aplicados en el marco de un programa de incentivos energéticos, destinados a usuarios de mediana y gran demanda, bajo las categorías T2 y T3. Según la distribuidora eléctrica CALF, la información requerida resulta clave para verificar el cumplimiento de las condiciones ambientales que justificaron esos beneficios.
El origen del conflicto se remonta al Programa de Promoción e Incentivo a la Eficiencia Energética, impulsado a partir de convenios firmados entre noviembre de 2022 y noviembre de 2023, con participación de la Provincia, el Municipio de Neuquén, la cooperativa y la entidad empresaria. El objetivo del esquema era promover inversiones en eficiencia energética y reducir el impacto ambiental del sector productivo.
A cambio de las rebajas en las tarifas eléctricas, las empresas beneficiadas debían acreditar inversiones concretas en infraestructura y mejoras técnicas orientadas al ahorro energético. Sin embargo, según la intimación, esas condiciones no habrían sido debidamente auditadas ni respaldadas con documentación suficiente.
CALF sostiene que el presidente de ACIPAN tenía la responsabilidad de coordinar la fiscalización, selección y control de los comercios incluidos en el programa, garantizando el cumplimiento de los requisitos establecidos en los acuerdos firmados.
El punto de quiebre se produjo cuando el Municipio de Neuquén solicitó el listado completo de beneficiarios y el detalle de las inversiones realizadas. Ante ese requerimiento, la cooperativa detectó la falta de respuestas y registros completos por parte de la entidad empresaria.
De acuerdo con la intimación, Scantamburlo acumuló reiterados incumplimientos desde diciembre de 2023, con nuevos reclamos formalizados mediante cartas documento en junio de 2025. Frente a esa situación, CALF otorgó un plazo de 48 horas hábiles para la entrega de las carpetas técnicas y documentación pendiente.
La preocupación de la cooperativa se centra en la imposibilidad de verificar si los descuentos aplicados efectivamente se tradujeron en mejoras de eficiencia energética y reducción del consumo dentro del sistema eléctrico urbano.
En caso de no recibir la información solicitada, las autoridades advirtieron que avanzarán con acciones legales por daños y perjuicios, bajo la figura de presunto obrar malicioso, lo que incluiría el reclamo de devolución de los beneficios otorgados más intereses.
El conflicto abre un nuevo frente de tensión entre el sector cooperativo y el empresariado local, en torno a la transparencia y control de los programas de incentivos energéticos implementados en los últimos años en Neuquén.
Fuente: Medios
