La decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar firme la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario generó preocupación dentro del Gobierno nacional. El fallo representa un revés para la administración de Javier Milei, que ahora deberá afrontar una obligación presupuestaria que, según estimaciones oficiales, demandaría alrededor de 1,3 billones de pesos.
Fuentes del oficialismo señalaron que el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, ya había advertido que no existían partidas presupuestarias suficientes para cumplir con la normativa. Tras la resolución judicial, el Gobierno comenzó a revisar las cuentas para evaluar el impacto económico que tendrá la medida.
En paralelo, dentro de La Libertad Avanza surgieron cuestionamientos sobre la estrategia judicial impulsada para frenar la aplicación de la ley. Según trascendió, en el oficialismo consideran que existía margen para avanzar en una nueva Ley de Financiamiento Universitario mediante acuerdos con los rectores y con un esquema compatible con el equilibrio fiscal.
Sin embargo, ese proyecto no logró avanzar en el Congreso y algunos sectores del Gobierno atribuyen esa demora a la estrategia diseñada por operadores vinculados al Ministerio de Justicia y a autoridades parlamentarias, quienes confiaban en que la Corte Suprema fallaría a favor del Ejecutivo.
Finalmente, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal declaró inadmisible el planteo del Estado al considerar que estaba dirigido contra una medida cautelar, la cual no constituye una sentencia definitiva. De este modo, la Corte evitó pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley de Financiamiento Universitario o del Decreto 759/25 y se limitó a resolver una cuestión de carácter procesal.
El fallo se conoció pocos días después de que el Gobierno alcanzara un entendimiento parcial con las universidades para avanzar en el cumplimiento de algunos aspectos de la ley, una negociación que ahora quedó condicionada por la decisión judicial.
Fuente: Medios
