El veredicto fue unánime. Los doce integrantes del jurado popular que participaron del debate en la Ciudad Judicial encontraron responsable a J.R. por los delitos de abuso sexual con acceso carnal continuado agravado y corrupción de menores, en línea con la acusación sostenida por el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid, la asistente letrada Cecilia Sabatte y el abogado querellante Carlos Caroselli.
El jurado consideró acreditado que el acusado abusó de la víctima aprovechando la convivencia familiar y la relación de guarda que mantenía con ella cuando era menor de edad. También tuvo por probado el grave daño ocasionado a su salud física y psicológica.
Casi dos décadas de abusos
Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, los hechos comenzaron cuando la víctima era una niña y se prolongaron durante casi dos décadas.
La mayoría de los abusos ocurrieron en la vivienda donde ambos convivían hasta 2020. No obstante, la acusación también acreditó episodios en oficinas de empresas del imputado, hoteles durante viajes laborales e incluso en un camión utilizado para transportar mercadería que contaba con una cama en su interior.
Revocaron la prisión domiciliaria
Durante el juicio, el fiscal Breide Obeid sostuvo que la prueba demostraría que “los hechos ocurrieron” y que el acusado era responsable de los delitos atribuidos. En su alegato de cierre reiteró ese planteo y solicitó un veredicto condenatorio, que finalmente fue acompañado por unanimidad por el jurado.
Una vez conocido el fallo, el representante del Ministerio Público pidió que el empresario dejara de cumplir prisión domiciliaria y permaneciera detenido con prisión preventiva hasta, al menos, el próximo 8 de agosto.
La solicitud fue respaldada por la querella y aceptada por el juez técnico del debate, Marco Lupica Cristo, quien ordenó su inmediato traslado a una unidad de detención. La pena que deberá cumplir será definida en una audiencia de cesura que la Oficina Judicial fijará en los próximos días.
El intento de frenar el juicio
Antes del inicio del debate, la defensa había intentado suspender el proceso argumentando que el empresario había sufrido un accidente cerebrovascular que le impedía afrontar el juicio.
Durante la audiencia previa, el imputado manifestó sentirse mal, comenzó a tomarse la cabeza y finalmente se desvaneció frente a los presentes.
Sin embargo, estudios médicos realizados ese mismo día, a pedido de la fiscalía, concluyeron que se encontraba en condiciones de enfrentar el proceso.
Con esos informes, el juez de garantías Juan Manuel Kees rechazó el planteo, declaró al acusado apto para ser juzgado y autorizó el inicio del juicio por jurados el 18 de junio.
La defensa también presentó distintos recursos para excluir testigos y cuestionar la participación de la querella, aunque todos fueron rechazados por unanimidad por el Tribunal de Impugnación, al considerar que esas cuestiones ya habían sido resueltas durante las etapas previas del proceso.
Fuente: Medios
