La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) resolvió este martes absolver a un grupo de integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu que habían sido condenados por la usurpación de dos predios en Villa Mascardi, en un fallo que revierte la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal Oral Federal de General Roca.
La decisión fue adoptada por los jueces Guillermo Yacobucci, Alejandro Slokar y la jueza Ángela Ledesma, quienes hicieron lugar a los recursos presentados por las defensas, anularon la sentencia condenatoria y, por mayoría, resolvieron absolver a los imputados.
Las condenas habían sido dictadas en mayo de 2024 por el juez Alejandro Silva, quien había impuesto penas de prisión en suspenso a Betiana Ayelén Colhuan, Martha Luciana Jaramillo, Romisa Rosas, Matías Daniel Santana, Yéssica Fernanda Bonnefoi y María Celeste Ardaiz Guenumil por la ocupación del exhotel de Parques Nacionales y del predio privado La Escondida.
La Justicia cuestionó la falta de pruebas
En su voto, Alejandro Slokar, al que adhirió Ángela Ledesma, sostuvo que la sentencia presentaba “un vicio de arbitrariedad” que invalidaba la condena.
Los magistrados entendieron que no existían pruebas suficientes para demostrar que los acusados actuaron con intención de usurpar, requisito indispensable para sostener una condena penal.
Además, remarcaron que el conflicto debía analizarse dentro del contexto de un reclamo territorial indígena, recordando que durante el gobierno del expresidente Alberto Fernández se había alcanzado un acuerdo con representantes de la comunidad para reconocer un espacio destinado a prácticas espirituales y ceremoniales.
Para Slokar, ese antecedente generó “una objetiva ambigüedad” respecto de la situación jurídica del predio y debía ser tenido en cuenta al momento de evaluar la responsabilidad penal de los imputados.
Por su parte, el juez Guillermo Yacobucci coincidió en que existió un despojo de los inmuebles, pero sostuvo que la sentencia de primera instancia no logró demostrar que los responsables fueran las personas condenadas.
El magistrado recordó que durante el juicio los testigos hablaron de personas encapuchadas y no identificadas, por lo que, a su criterio, la prueba reunida no permitía atribuir el delito a los acusados.
También señaló que el hallazgo de pertenencias personales en los predios ocupados no era suficiente para acreditar que hubieran participado del momento en que se produjo la usurpación.
Un conflicto que comenzó en 2017
La causa judicial tuvo su origen a comienzos de 2018, tras las denuncias presentadas por la Administración de Parques Nacionales y los propietarios del predio La Escondida, Juan Grehan y María Magdalena Giménez Tournier, por la ocupación de dos terrenos en Villa Mascardi, a unos 35 kilómetros de Bariloche.
El conflicto, sin embargo, había comenzado en noviembre de 2017, cuando integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu ocuparon terrenos pertenecientes a Parques Nacionales, argumentando que se trataba de una recuperación de territorio ancestral mapuche.
Durante los años siguientes, la disputa estuvo marcada por episodios de violencia, cortes de ruta y nuevas ocupaciones de predios públicos y privados.
Uno de los hechos más graves ocurrió el 25 de noviembre de 2017, cuando murió el joven mapuche Rafael Nahuel durante un operativo de Prefectura Naval Argentina.
Finalmente, el 4 de octubre de 2022, la comunidad fue desalojada por orden de la entonces jueza federal Silviana Domínguez, mediante un operativo ejecutado por la Policía Federal Argentina. Tras recuperar el predio, el edificio del exhotel de Parques Nacionales fue demolido debido al deterioro que presentaba.
Otra condena continúa vigente
Pese a esta absolución, la situación judicial de varios integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu no quedó totalmente resuelta.
El 1 de octubre de 2024, el juez federal Hugo Greca dictó otra sentencia condenatoria por la usurpación de los predios ocupados en noviembre de 2017.
Ese fallo permanece firme, ya que otra Sala de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos presentados por las defensas. Según fuentes judiciales, los imputados presentaron un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá resolver si revisa esa condena.
Fuente: Medios.
