La Justicia Federal mantiene abierta una investigación por una presunta violación a la Ley de Tierras Rurales vinculada con la compra de un campo de 14.689 hectáreas en cercanías de Ñorquinco, en la provincia de Río Negro. El expediente analiza si la operación, realizada en 2017, habría permitido que un Estado extranjero adquiriera tierras ubicadas en una zona de frontera, algo expresamente restringido por la legislación vigente.
El caso volvió a cobrar relevancia luego de las declaraciones realizadas en abril pasado durante el juicio por desalojo contra la referente mapuche Soledad Cayunao, quien finalmente fue absuelta. En esa audiencia, el propietario del campo, Hugo Barabucci, afirmó que compró el establecimiento gracias a una donación de dos millones de dólares proveniente de los Emiratos Árabes Unidos.
El predio se encuentra a menos de 45 kilómetros del límite con Chile, dentro de la franja de 100 kilómetros considerada como zona de frontera por la normativa nacional.
Tras esas declaraciones, el fiscal provincial Francisco Arrien remitió actuaciones a la Justicia Federal para que investigue si la compra pudo violar la Ley 26.737, que limita la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y también prohíbe hacerlo mediante “interpósita persona”, es decir, utilizando terceros para ocultar al verdadero comprador.
Fuentes jurídicas consultadas sostienen que esa sería la principal hipótesis bajo análisis: que Barabucci habría actuado como intermediario para facilitar la adquisición de las tierras por parte de los Emiratos Árabes Unidos.
El expediente ya tramita en la Fiscalía Federal de Bariloche bajo el número FGR 10273/2026, aunque hasta el momento no trascendieron las medidas de prueba que podrían estar desarrollándose.
El proyecto del Gobierno nacional no modificaría la investigación
La causa adquiere especial interés en medio del debate impulsado por el Gobierno nacional sobre un proyecto de ley destinado a reforzar la inviolabilidad de la propiedad privada, cuyo tratamiento fue postergado recientemente en el Senado.
Sin embargo, fuentes vinculadas al expediente señalaron que una eventual aprobación de esa iniciativa no tendría impacto sobre esta investigación, ya que el caso no involucra a un particular extranjero sino a un Estado extranjero, supuesto que continúa alcanzado por las restricciones previstas en la legislación vigente.
Según relató el propio Hugo Barabucci durante el juicio oral, su relación con los Emiratos Árabes Unidos se originó a partir de su actividad vinculada al polo, disciplina en la que actualmente administra un club en ese país.
Las fuentes consultadas remarcaron que la investigación no apunta a una empresa con participación extranjera, sino a la eventual intervención directa de un Estado en la adquisición de tierras ubicadas en un área considerada estratégica.
La posible participación de la Provincia
El abogado Martín Palumbo, defensor de Soledad Cayunao, fue quien advirtió durante el juicio sobre la posible irregularidad en la operación. Aunque confirmó que sigue de cerca la investigación federal, explicó que no puede intervenir como querellante por carecer de legitimación.
De acuerdo con especialistas consultados, ese rol podría corresponder a la Fiscalía de Estado de Río Negro, aunque hasta el momento no hubo definiciones oficiales sobre una eventual presentación en la causa.
La responsabilidad del escribano y los controles
Si la investigación comprobara que existió una maniobra para ocultar al verdadero comprador, también deberá determinarse cómo fue registrada la operación y si se cumplieron los controles previstos por la legislación.
Según información enviada a la Legislatura por el director del Registro de la Propiedad Inmueble, Daniel Balduini, ese organismo “no posee atribuciones ni competencia” para verificar el origen de los fondos utilizados en una compra de este tipo ni para evaluar una eventual infracción a la ley de tierras.
Balduini sostuvo además que esa responsabilidad corresponde al escribano interviniente, en su carácter de sujeto obligado ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
Los registros catastrales indican que el inmueble fue inscripto a nombre de Hugo Alberto Barabucci el 7 de abril de 2017, mediante una escritura autorizada por la escribana Ana Elisa Aguado.
Paralelamente, Martín Palumbo confirmó que presentó una denuncia en la Justicia provincial contra Barabucci por un presunto falso testimonio, al considerar que durante el juicio no informó su participación en el fideicomiso Amaike, que también figura vinculado a propiedades en la zona.
Durante ese mismo proceso judicial, Barabucci declaró que las más de 14.000 hectáreas adquiridas con fondos provenientes de los Emiratos Árabes Unidos estaban destinadas al desarrollo de un coto de caza.
Los cuestionamientos de Magdalena Odarda
La legisladora Magdalena Odarda (Vamos con Todos) impulsó pedidos de informes para conocer detalles de la operación y advirtió que las restricciones legales no solo responden a la ubicación del campo en una zona de frontera, sino también a que el predio comprende nacientes del río Chubut, consideradas un recurso estratégico.
Odarda también señaló que el fideicomiso Amaike obtuvo permisos de uso de agua otorgados por el Departamento Provincial de Aguas (DPA) y autorizaciones mineras para explotar canteras, pese a que, según la información recibida, esa firma y Manzil S.A., donde también aparece Barabucci como accionista minoritario, no figuran registradas en Personas Jurídicas de Río Negro ni poseen bienes inscriptos en el Registro de la Propiedad Inmueble.
La legisladora recordó además que Manzil S.A. aparece vinculada al aeródromo privado de Punta Lobos, en la costa atlántica, una propiedad que en distintas oportunidades fue asociada al empresario británico Joseph Lewis.
Finalmente, Odarda afirmó que la normativa que restringe la compra de tierras por parte de Estados extranjeros continúa plenamente vigente y recordó que el intento del presidente Javier Milei de modificarla mediante un decreto fue posteriormente declarado nulo por la Justicia.
Fuente: Medios.
