El Gobierno nacional envió este viernes a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma de la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que busca ampliar la cantidad de contribuyentes que podrán acceder al Sistema Simplificado de Ganancias y promover el ingreso al sistema financiero formal de dólares que actualmente se encuentran fuera del circuito declarado.
El proyecto fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Capital Humano, Sandra Pettovello. Según medios, el oficialismo prevé que la iniciativa sea tratada durante la primera semana de agosto y busca lograr su aprobación antes de finalizar ese mes.
Para avanzar con la sanción, La Libertad Avanza deberá negociar con distintos bloques opositores dialoguistas, ya que cuenta con 95 diputados propios sobre los 129 necesarios para abrir el recinto. En ese escenario, serán clave las conversaciones con sectores del PRO, la UCR, Innovación Federal, Producción y Trabajo y Provincias Unidas.
Uno de los puntos que podría generar mayor debate es la posibilidad de que los funcionarios públicos puedan adherir al régimen, una cuestión que ya genera cuestionamientos entre algunos sectores aliados. La discusión surge luego de que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni se incorporara al esquema tras un incremento patrimonial.
Además de reunir los votos para la aprobación en el recinto, el oficialismo deberá conseguir respaldo para avanzar con los dictámenes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, presididas por los diputados libertarios Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado.
La iniciativa propone ampliar el universo de contribuyentes que podrán acceder al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, al permitir que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esa modalidad.
Actualmente, solo pueden adherir quienes cuentan con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones. Con la reforma, esos límites dejarían de ser un requisito para acceder al sistema.
En los fundamentos del proyecto, el Gobierno sostiene que el objetivo es “democratizar el acceso a un sistema que facilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias” y simplificar los mecanismos de declaración para los contribuyentes.
La propuesta mantiene las facultades de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre aquellos contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria, quienes continuarán sujetos a los controles establecidos por la normativa vigente.
También redefine el concepto de “discrepancia significativa”, que habilita a ARCA a impugnar una declaración jurada simplificada y revisar las declaraciones del Impuesto a las Ganancias. Según el texto, esa situación se configurará cuando la diferencia detectada genere un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos igual o superior al 15% respecto de lo declarado.
El proyecto establece además que quienes ingresen al régimen deberán realizar sus operaciones mediante el sistema financiero formal, utilizando canales autorizados por el Banco Central (BCRA) o la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Los fondos canalizados bajo esas condiciones podrán acceder a los beneficios previstos por la Ley 27.799 hasta el 31 de diciembre de 2027, mientras que también se fijan criterios específicos para su tratamiento dentro del Impuesto sobre los Bienes Personales.
Por último, la iniciativa instruye a la Unidad de Información Financiera (UIF) a dictar normas para considerar la adhesión al régimen como un antecedente favorable en los controles de prevención del lavado de activos. Sin embargo, aclara que esto no elimina las obligaciones de bancos y entidades financieras de identificar clientes, realizar controles de debida diligencia y reportar operaciones sospechosas.
Fuente: Medios
