Dos jóvenes fueron imputados por una serie de robos agravados, privación ilegítima de la libertad, coacción agravada, hurto y defraudación, en el marco de una investigación que reúne cinco legajos. Aunque la Fiscalía solicitó prisión preventiva, el juez resolvió imponerles arresto domiciliario por cuatro meses mientras avanza la causa.
Durante la audiencia, el fiscal Ezequiel Forti y el procurador de Fiscalía Carlos Cavallo formalizaron la investigación y detallaron los hechos atribuidos a los imputados. Entre ellos figuran un hurto con uso de una tarjeta de crédito sustraída, un robo agravado con arma cometido en poblado y en banda, un robo de motocicleta, otro robo agravado mediante el uso de una picana eléctrica y un hecho de coacción agravada.
El Ministerio Público Fiscal fundamentó el pedido de prisión preventiva en el riesgo de fuga, la elevada pena en expectativa, la gravedad de los delitos investigados y el nivel de violencia empleado en los hechos. Además, señaló que uno de los acusados registra antecedentes penales, circunstancia que, a su criterio, incrementa los riesgos procesales.
Por su parte, la defensa solicitó la aplicación de medidas menos gravosas. Argumentó que los imputados no intentaron eludir la investigación, mantuvieron un correcto comportamiento procesal y no realizaron acciones destinadas a entorpecer el avance de la causa.
Al resolver, el juez consideró que la Fiscalía presentó elementos suficientes para sostener, en esta etapa inicial, la probable autoría de los acusados. También remarcó la gravedad de los hechos y el impacto que generan en la comunidad, además del perjuicio ocasionado a las víctimas.
Sin embargo, valoró como atenuantes el arraigo de ambos en la ciudad y la conducta demostrada durante el proceso. Destacó que los jóvenes se presentaron voluntariamente a la audiencia, pese a las condiciones climáticas adversas, y aguardaron el inicio de la misma aun cuando debió retrasarse por un corte general de energía eléctrica.
Finalmente, el magistrado dispuso que ambos cumplan arresto domiciliario por cuatro meses, con prohibición absoluta de salir de sus viviendas y controles periódicos de la Comisaría Segunda. Advirtió que cualquier incumplimiento implicará la revocación automática del beneficio y el traslado a una dependencia policial para cumplir prisión preventiva efectiva.
