La Legislatura de Río Negro comenzó a analizar un proyecto de ley que propone crear un Marco Regulatorio para el Uso Responsable de la Inteligencia Artificial (IA) en el sector público provincial. La iniciativa busca incorporar esta tecnología a la gestión estatal bajo criterios de transparencia, supervisión humana y protección de los derechos de la ciudadanía.
El proyecto fue presentado por la legisladora Martina Lacour, con el acompañamiento de Patricia Mc Kidd, Gabriela Picotti, Santiago Ibarrolaza y Claudio Doctorovich. La propuesta establece un sistema de regulación basado en niveles de riesgo, diferenciando entre aplicaciones de riesgo mínimo, limitado, alto e inaceptable, según el impacto que puedan tener sobre las personas.
Entre los aspectos centrales, la iniciativa dispone que los sistemas de alto riesgo, como aquellos utilizados para asignar beneficios sociales, intervenir en procesos de contratación estatal o gestionar turnos de salud, deberán contar con una Evaluación de Impacto Algorítmico (EIA) antes de entrar en funcionamiento y someterse a auditorías técnicas independientes cada dos años.
El texto también prohíbe expresamente prácticas consideradas incompatibles con los derechos fundamentales, como la vigilancia masiva indiscriminada, el reconocimiento facial mediante imágenes obtenidas de redes sociales, los sistemas de puntuación social y la adopción de decisiones sancionatorias basadas únicamente en algoritmos predictivos.
Otro de los pilares del proyecto es la supervisión humana obligatoria. La norma establece que ninguna decisión administrativa que perjudique a un ciudadano podrá fundamentarse exclusivamente en la recomendación de una inteligencia artificial. En todos los casos, un funcionario deberá revisar la información, evaluar las circunstancias particulares y justificar la decisión final.
Además, la propuesta crea un Registro Provincial de Sistemas de Inteligencia Artificial, de acceso público y gratuito, donde se informará qué organismos utilizan IA, con qué finalidad, qué datos procesan y qué grado de intervención humana existe en cada sistema. También fija reglas para el uso de herramientas de IA generativa, prohibiendo cargar datos personales o información reservada en plataformas abiertas no autorizadas.
La iniciativa prevé que la autoridad de aplicación funcione dentro de un organismo técnico ya existente, sin crear nuevas estructuras administrativas, y contempla un Consejo Asesor Interdisciplinario integrado por universidades y especialistas. Si la ley es aprobada, los sistemas de IA ya utilizados por el Estado tendrán 180 días para registrarse y 365 días para adecuarse a las nuevas exigencias. El proyecto toma como referencia estándares internacionales impulsados por la OCDE, la UNESCO y la Unión Europea.
