La Legislatura de Río Negro rechazó este lunes el proyecto de ley que proponía impedir el cierre de escuelas y residencias educativas en localidades con menos de 2.000 habitantes. La iniciativa fue analizada en la comisión de Cultura, Educación y Comunicación Social, donde participaron legisladores, funcionarios del Ministerio de Educación, representantes gremiales y referentes de comunidades originarias.
El proyecto, impulsado por los legisladores Magdalena Odarda y Fabián Pilquinao, del bloque Vamos con Todos, planteaba establecer límites a la decisión de cerrar establecimientos rurales. Sus autores denunciaron que desde 2012 existe una política de cierre progresivo de escuelas hogar y residencias en distintos parajes de la provincia, entre ellos Ramos Mexía, Cerro Alto, Sierra Colorada y Mencué.
Según explicaron, estas instituciones cumplen una función que va más allá de lo educativo, ya que representan espacios de contención para muchas familias rurales. Durante el debate remarcaron que “estas escuelas son mucho más que un edificio: garantizan alimento, abrigo y conectividad en emergencias”, y advirtieron que su cierre afecta el arraigo de las comunidades.
Desde el Ministerio de Educación defendieron la política implementada por el Gobierno provincial y señalaron que los cierres no son definitivos, sino medidas transitorias vinculadas principalmente a la disminución de la matrícula y al descenso poblacional en algunas zonas rurales.
Las funcionarias Marcela Strahl, Romina Procoppo y Paula Quesada explicaron que la provincia avanzó con nuevas alternativas educativas, entre ellas la creación de 27 anexos de Escuelas Secundarias Rionegrinas rurales virtuales y establecimientos de jornada completa. El objetivo, indicaron, es que los estudiantes puedan continuar su formación sin alejarse de sus familias, con acceso a transporte y alimentación.
Durante la discusión, el legislador Facundo López (JSRN) sostuvo que aprobar una norma de ese tipo limitaría las facultades del Ministerio de Educación. “No se le puede quitar al Ministerio la facultad técnica y administrativa de decidir cuándo abrir o cerrar un establecimiento basándose en criterios pedagógicos”, afirmó.
Por su parte, el gremio UnTER respaldó la iniciativa al considerar que las escuelas y residencias rurales tienen un papel fundamental para sectores vulnerables, donde además de enseñar funcionan como espacios de acompañamiento, alimentación y protección.
El Parlamento Mapuche también expresó su rechazo a la política de cierres y cuestionó que no se hayan realizado consultas previas a las comunidades originarias, tal como establece el Convenio 169 de la OIT y la normativa nacional, al considerar que estas decisiones afectan la identidad cultural y el vínculo con el territorio.
Tras un extenso intercambio de argumentos, la comisión resolvió rechazar el proyecto por mayoría. De esta manera, quedó vigente la potestad del Ministerio de Educación para definir la apertura o cierre de establecimientos según evaluaciones técnicas, administrativas y pedagógicas.
Fuente: Medios.
