En la liturgia política argentina, los límites suelen gritarse. Se anuncian con conferencias destempladas, carpetazos y amenazas de ruptura. Neuquén acaba de demostrar que también pueden trazarse de otra manera: sin estridencias, con un proyecto de ley propio y una frase que no necesita levantar la voz para ser terminante. “Hay determinadas cuestiones que sabemos que no se tocan. Una es la tierra, algo fundamental para nosotros y para el desarrollo de nuestra provincia”, definió la senadora Julieta Corroza al explicar por qué la provincia no acompañó el capítulo de extranjerización de tierras que el Gobierno nacional impulsaba en el Congreso y que, ante el rechazo de varias provincias, terminó retirando de su tratamiento. El episodio merece registrarse porque condensa, como pocos, el modo neuquino de pararse frente a la Casa Rosada: colaboración sin sumisión, autonomía sin ruptura.
Conviene reconstruir la secuencia porque el orden de los hechos revela la estrategia. El proyecto nacional proponía derogar la Ley 26.737 de Tierras Rurales, la norma que desde 2011 limita al 15 por ciento la titularidad extranjera de tierras en el país. La iniciativa generó resistencias en todo el arco federal y movilizaciones en la propia provincia, donde medio centenar de organizaciones marcharon para visibilizar lo que consideraban “algo gravísimo”. Pero el gobernador Rolando Figueroa no esperó al desenlace parlamentario para fijar posición. Días antes del debate en el Senado, eligió Varvarco —el corazón del Alto Neuquén, lejos de los estudios de televisión— para anunciar el envío a la Legislatura de un proyecto propio: las tierras fiscales de la provincia solo podrán venderse a argentinos, con destino a soluciones habitacionales o desarrollos productivos. El anuncio se hizo durante una entrega de tenencias a familias que esperaron décadas la regularización de sus propiedades. La escenografía no fue casual: mientras en Buenos Aires se discutía quién puede comprar la tierra, en Varvarco se mostraba para quién es.
El desenlace nacional confirmó la eficacia del planteo, y merece ser precisado porque el matiz importa: el capítulo de tierras fue directamente dado de baja del proyecto original y ni siquiera llegó a tratarse en el Senado. No hubo votación, no hubo derrota parlamentaria ni victoria épica que capitalizar. Hubo algo más silencioso y más eficaz: una iniciativa que se cayó antes de llegar al recinto porque perdió el consenso federal que necesitaba. Cada provincia conserva, así, la potestad plena sobre su territorio, y Neuquén desactivó la tensión sin necesidad de un solo portazo. Corroza explicó la lógica jurídica que sustentó la posición: la posibilidad de generar interpretaciones cruzadas entre normativas nacionales y provinciales representaba “un riesgo innecesario para Neuquén”. Cuando el riesgo es sobre el territorio —el activo que funda todo lo demás—, la prudencia deja de ser timidez. La bandera tiene, además, una genealogía que en esta provincia todos reconocen: la defensa de la tierra pública fue una de las causas fundacionales de la Neuquinidad. Figueroa no inventó el principio, lo actualizó.
El episodio dejó también una definición de posicionamiento político que merece quedar en el archivo. “Nosotros no somos oficialistas ni tampoco somos oposición. Nosotros somos neuquinos”, sintetizó Corroza. La frase, que podría sonar a eslogan, describe con precisión el comportamiento legislativo del bloque La Neuquinidad: acompañó el Presupuesto y las herramientas de gobernabilidad que la administración de Javier Milei necesitaba, y se plantó sin dramatismo cuando una iniciativa rozó los intereses provinciales. La senadora descartó, además, cualquier deterioro del vínculo institucional con la Nación: hay “una relación de respeto y trabajo conjunto” anclada en los objetivos compartidos del desarrollo energético. Es el corte transversal aplicado a la política provincial: ni sometimiento que practican los aliados incondicionales, ni el obstruccionismo reflejo de la oposición profesional. Un caso de escuela sobre cómo una provincia chica en población puede negociar grande cuando tiene claro qué defiende.
No es un dato menor que esta firmeza territorial conviva con la agenda aperturista más ambiciosa de la historia provincial. La misma semana en que Neuquén le marcaba la cancha a la Nación en materia de tierras, Corroza defendía la estrategia internacional de Figueroa para atraer inversiones a Vaca Muerta, con una condición que funciona como cláusula de oro del modelo: “Todo lo que hoy es Vaca Muerta tiene que impactar directamente en el metro cuadrado del neuquino”. Ahí está la distinción conceptual que la discusión nacional, atrapada entre la apertura indiscriminada y el cierre defensivo, no logra formular: el capital extranjero es bienvenido para poner en producción el subsuelo. La propiedad del suelo, en cambio, es otra conversación. Se puede invertir en Neuquén sin ser dueño de Neuquén. La provincia invita al mundo a sus yacimientos y al mismo tiempo les entrega las tenencias de la tierra a las familias de Varvarco. No hay contradicción: hay jerarquía de valores.
Vendrán nuevas pulseadas, porque la agenda desreguladora nacional seguirá produciendo roces con los intereses federales. Pero la semana dejó asentado un precedente que excede el caso puntual. Cuando el límite está claro, no hace falta el conflicto: alcanza con la anticipación, el instrumento legislativo propio y la coherencia entre lo que se dice en el Senado y lo que se hace en Neuquén. La tierra no se toca, y quedó demostrado que para sostenerlo no hizo falta romper nada: ni la relación con la Nación, ni el clima de inversiones, ni el estilo. En la Argentina de los extremos, donde todo límite parece exigir un escándalo, Neuquén volvió a ejercer su rareza más productiva: la firmeza serena.
