El Gobierno de Río Negro reglamentó la modificación de la Ley S Nº 3008 de ejecución penal, que establece mayores restricciones para el acceso a salidas transitorias y beneficios de libertad anticipada en casos de delitos graves.
La medida, impulsada por los legisladores Lucas Pica y Facundo López, busca garantizar el cumplimiento efectivo de las condenas y reforzar la protección de las víctimas.
El gobernador Alberto Weretilneck sostuvo que la reforma forma parte de una política de seguridad que apunta a evitar la denominada “puerta giratoria”. “Quien comete un delito grave tiene que hacerse responsable y cumplir la condena que le impuso la Justicia”, afirmó.
La normativa alcanza a condenados por homicidios, delitos contra la integridad sexual, robos agravados, secuestro extorsivo con muerte de la víctima y tortura seguida de muerte, entre otros delitos.
Además, Río Negro incorporó restricciones para casos de cohecho, grooming, delitos contra la administración pública y enriquecimiento ilícito de funcionarios, ampliando el alcance respecto de la legislación nacional.
Weretilneck destacó que la Provincia también avanzó con otras reformas vinculadas a la reiterancia y la doble condena, y sostuvo que todas responden a un mismo objetivo: que quienes delinquen “sepan que hay consecuencias”.
La nueva normativa ya se encuentra reglamentada y en vigencia, consolidando una política provincial orientada a restringir beneficios para quienes cometieron los delitos considerados de mayor gravedad.
