Mientras avanza la investigación por presunta administración fraudulenta y direccionamiento de contrataciones en la Municipalidad de Plottier, la Justicia de Neuquén rechazó el pedido de uno de los empresarios imputados para levantar el secuestro de un camión vinculado con la causa.
El planteo fue realizado por la defensa durante una audiencia de control de la investigación. El fiscal jefe Pablo Vignaroli se opuso al pedido y sostuvo que el vehículo debe permanecer alcanzado por la medida porque habría sido utilizado en las maniobras investigadas y constituye un elemento de prueba.
Además, la Fiscalía señaló que, ante una eventual condena, el camión podría quedar alcanzado por el decomiso previsto en el artículo 23 del Código Penal.
Como alternativa, el Ministerio Público Fiscal propuso que el empresario ponga el vehículo a disposición de la investigación para realizar las medidas necesarias y que luego pueda ser designado como depositario judicial. De esta manera, podría continuar utilizándolo mientras avanza la causa. La jueza Álvarez rechazó el levantamiento del pedido de secuestro y contempló esta posibilidad.
La investigación por las contrataciones en Plottier
La causa está a cargo de la unidad fiscal de Delitos Económicos y busca determinar si existió un sistema de contrataciones públicas destinado a favorecer de manera sistemática a determinados proveedores durante la gestión del exintendente Luis Bertolini.
La investigación derivó en la renuncia de Bertolini, quien fue sucedido por la actual intendenta Malena Resa. También fueron imputados la exsubsecretaria de Hacienda Gladys Ramírez y dos empresarios, uno de ellos hijo de la exfuncionaria.
Según la hipótesis de la Fiscalía, entre enero de 2024 y marzo de 2026 los funcionarios municipales habrían intervenido deliberadamente en los procesos de contratación para beneficiar a dos proveedores.
En ese período se habrían concretado al menos 160 contratos por más de $2.300 millones. Entre las irregularidades detectadas, la Fiscalía mencionó la invitación sistemática a los mismos proveedores, falta de publicidad de los procesos, incumplimiento de los requisitos mínimos de oferentes y el uso de contrataciones directas sin acreditar situaciones de urgencia.
También se investigan adjudicaciones sin fundamentos y pagos sin constancias de recepción de los bienes o servicios.
De acuerdo con la acusación, cada uno de los imputados habría cumplido un rol dentro de una maniobra coordinada. Los funcionarios públicos habrían intervenido en las decisiones administrativas y en el control de las contrataciones, mientras que los empresarios habrían canalizado las adjudicaciones y el movimiento económico derivado de esos procedimientos.
Los hechos fueron calificados provisoriamente como negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en carácter de delito continuado. Bertolini y Ramírez fueron imputados como coautores, mientras que los empresarios fueron acusados como partícipes necesarios.
Fuente: Medios
