La Justicia federal allanó las oficinas de Fernando Julián Martínez, director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en una causa que investiga presuntos vínculos con empresas proveedoras de alimentos contaminados para detenidos en el penal de Ezeiza, y un posible esquema de cartelización mediante firmas pantalla.
Según medios, el operativo fue ordenado por el juez Federico Villena, quien sospecha que desde el SPF se montó un circuito para evadir sanciones judiciales previas, sostener a proveedores inhabilitados y ocultar pruebas. La investigación se activó tras denuncias por comida en mal estado en la cárcel y peritajes de la ANMAT/ANMAT-ANMAT que detectaron Escherichia coli en niveles no aptos para el consumo humano.
Durante el allanamiento, los investigadores intentaron secuestrar el teléfono móvil del funcionario, Martínez primero entregó un aparato viejo y luego dijo haberlo “extraviado”. Un informe técnico reveló que la última señal del dispositivo impactó en una antena de Barracas una hora antes del procedimiento, lo que alimenta la hipótesis de filtración, destrucción del celular y ocultamiento de evidencia.
La maniobra investigada incluye a la empresa Foodrush, sancionada e inhabilitada, y a su sucesora Bio Limp, que habría operado como fachada, el juez detectó el uso de los mismos camiones y personal, además de una facturación cruzada millonaria con la firma prohibida. Incluso, Villena probó personalmente el alimento en el penal y sufrió una descompensación que describió como un cuadro “vomitivo”, incorporado al expediente como prueba testimonial directa del estado de la comida.
Otro elemento que llamó la atención de la causa es que el director del SPF se movilizaba en una camioneta secuestrada a nombre de Enrique “Quique” Antequera, referente de la feria La Salada y prófugo de la Justicia.
Martínez fue designado en marzo de 2024 por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando el SPF ya había pasado a la órbita de Seguridad en diciembre de 2023. En paralelo, la fiscal Cecilia Incardona pidió la nulidad del operativo, planteo que fue rechazado por el juez, quien cuenta con el respaldo de la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que se mostró dispuesta a colaborar para, según palabras del magistrado, “desarticular mafias enquistadas en el sistema penitenciario”.
Fuente: Medios
