La estafa con planes sociales del Gobierno no para de crecer

En medio del silencio oficial tras el escándalo por la estafa con planes sociales, la causa avanza y muestra que la maniobra de fraude crece e involucra a más personas del gobierno de Omar Gutiérrez.

Según los documentos a los que pudo acceder en exclusiva el diario Río Negro, la investigación avanza y complica cada vez más a funcionarios del Estado neuquino. Los documentos clasificados del Departamento Prevención de Fraudes del Banco Provincia de Neuquén, fechados el 19 de agosto pasado cuando ya había estallado la noticia de la estafa, incluye cifras, nombres, fotografías, y entre sus muchas revelaciones, se destaca un dato sorprendente: las tarjetas de débito utilizadas para la maniobra no fueron 197, como se venía informando, sino 334, y hay 71 más presuntamente involucradas.

O sea que el número de tarjetas de débito sería el doble a lo inicialmente descubierto, y las personas involucradas no serían sólo las 11 que fueron allanadas por la fiscalía, sino al menos 14. Esos plásticos estarían asociados a cuentas bancarias que tienen subsidios, dato confirmado por la fiscalía; y la mayoría fue impreso y entregado en el año 2021. O sea que desde el año pasado esas tarjetas de débido podrían estar activas.

El fiscal jefe Pablo Vignaroli investiga a 197 beneficiarios de planes sociales a quienes otras personas les hacían los retiros de dinero de cajeros automáticos del Banco Provincia de Neuquén. Creían que cobraban 8.000, y en realidad les depositaban 49.000 pesos. Quienes hacían la extracción se quedaban con la diferencia, cuyo destino final por ahora es una incógnita aunque se sospecha que es una caja inconfesable destinada a financiar la política oficial, según publica el diario Río Negro.

El monto de la defraudación, cometida teóricamente entre 2020 y 2022, sería de 123 millones de pesos. Sin embargo, con este nuevo capítulo en la investigación, el período podría ampliarse y la cifra de la estafa, crecer.

Tres funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social fueron allanados: Ricardo Soiza, director general de Planes Sociales; Néstor Pablo Sánz, director de Fiscalización, y Marcos Ariel Osuna, del departamento Gestión de Programas. Algunos ya designaron abogado defensor.

Mientras el escándalo crece y todos los días aparecen pruebas que comprometen al Gobierno, desde el Poder Ejecutivo sólo hay silencio. Le pidieron una definición al vicegobernador Marcos Koopmann, quien se limitó a expresar su respeto por la investigación judicial.

Koopmann recordó, en diálogo con Radio Nacional esta semana, que fue presidente del Banco Provincia de Neuquén (BPN) -al igual que el gobernador Omar Gutiérrez- y dijo que “trabajamos por el saneamiento del BPN. Lo logramos convertir de la mejor auditoría de los bancos de la Argentina y eso muestra también la diferencia de lo que nosotros hacemos y lo que hacemos bien y lo que hacemos mal”.

Desde el interior del propio partido gobernante se pronuncian las críticas más severas. El MAPO, que agrupa a la vieja guardia del Movimiento Popular Neuquino, afirmó en un pronunciamiento que el MPN “hoy está siendo comprometido por escandalosas acusaciones de corrupción que juegan con la necesidad de la gente” y enumera los últimos hechos vinculados a estafas que salpicaron al gobierno de Gutiérrez: la del ISSN, en el BPN, en Educación, el escándalo de las macetas, “y ahora los planes sociales”.

Antes había sido otro veterano dirigente, el petrolero Guillermo Pereyra, quien pidió la renuncia del ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca. El gobernador respondió mostrándose con su colaborador en un acto de inauguración del pavimento de una calle. Pereyra redireccionó entonces su ataque hacia el concejal Claudio Domínguez, quien lo amenazó con una querella.