El Gobierno dispuso una readecuación de partidas presupuestarias para reforzar el financiamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a partir del 1° de octubre. La medida permitirá actualizar aranceles vigentes y acortar demoras en los pagos a instituciones, transportes, escuelas y terapias contempladas en la Ley 24.901 del Sistema de Prestaciones Básicas.
La decisión se formalizó mediante la Decisión Administrativa 24/2025, que incrementa los créditos de ANDIS y los compensa con una baja en la Jurisdicción 91 – Obligaciones a Cargo del Tesoro.
En paralelo, el Ejecutivo promulgó la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad a través del Decreto 681/2025, aunque su ejecución quedó suspendida en virtud de los artículos 5 de la Ley 24.629 y 38 de la Ley 24.156, que establecen que las normas con impacto fiscal sólo entran en vigencia cuando el Congreso aprueba créditos y fuentes de financiamiento específicas.
El Ejecutivo remitió la discusión al Presupuesto 2026, donde se definirán los fondos para los beneficios previstos en la emergencia:
Nueva PNC por Discapacidad: 70% del haber mínimo, con compatibilidad hasta dos SMVM y conversión de oficio.
Expansión del programa Incluir Salud.
Movilidad mensual y aranceles únicos para prestadores.
Compensación extraordinaria por la brecha entre aranceles y la inflación 2023-2024.
Según estimaciones oficiales, la aplicación plena de la ley demandaría en 2025 unos $3,019 billones, equivalentes al 0,35% del PBI.
Fuente: Medios
