La Fiscalía de Bariloche logró identificar este miércoles a la persona vinculada a la línea telefónica desde la que se habría efectuado la amenaza de bomba contra el edificio del Poder Judicial. El aporte técnico de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (Oitel) permitió establecer el origen de la comunicación realizada minutos después de las 8 de la mañana.
Con esa información, el fiscal de turno ordenó allanamientos orientados a secuestrar dispositivos electrónicos y reunir evidencia en la causa que investiga presunta intimidación pública y la interrupción del normal funcionamiento de las instituciones. Los operativos, realizados por la Brigada de Investigaciones Judiciales, comenzaron pasado el mediodía.
El principal sospechoso ya enfrentaba cargos por un robo agravado cuya instancia de debate oral inició esta misma mañana. La Fiscalía solicitó su detención al considerar que habría sido quien realizó la llamada destinada a retrasar o impedir el juicio.
Los procedimientos se llevaron a cabo en tres domicilios: dos en el barrio Virgen Misionera y uno en el kilómetro 20, en el sector Este de la ciudad. En esos lugares se secuestraron más de diez teléfonos celulares y otros elementos que serán peritados. Además, se efectuó una requisa en el calabozo del edificio judicial, donde se incautó otro dispositivo en poder de una persona que aguardaba el inicio del debate.
Según la acusación de aquel caso, el joven de 20 años estaría implicado en un robo ocurrido el 25 de diciembre pasado, cuando tres individuos ingresaron a una vivienda tras romper una reja y se apoderaron de dinero. Dos de ellos fueron detenidos en el momento gracias a la alerta de la propietaria, quien observó los movimientos mediante cámaras de seguridad y avisó al 911. El tercer sospechoso, ahora señalado por la amenaza, habría intentado frenar el juicio mediante la llamada anónima.
Pese al aviso, el debate oral comenzó con algunos minutos de demora y se desarrolló con normalidad. El veredicto se conocerá el 27 de noviembre. Las pericias sobre los teléfonos y la reconstrucción de las comunicaciones serán claves para determinar si existió efectivamente una maniobra destinada a obstaculizar el proceso judicial.
En los operativos participaron personal de la Unidad 27°, del COER, del Cuerpo de Investigaciones Judiciales y el equipo fiscal de turno.
