Una extensa y compleja audiencia judicial se realizó en General Roca por la causa Techo Digno de Río Colorado, en la que uno de los principales imputados es el legislador oficialista y exintendente Gustavo San Román.
La audiencia fue convocada para avanzar en la formulación de cargos impulsada por la fiscal Graciela Echegaray, junto a Jessica González y Mónica García, y estuvo presidida por la jueza María Gadano. La acusación del Ministerio Público atribuye a San Román los delitos de fraude a la administración pública y peculado.
Tras más de tres horas de intercambio, en las que la magistrada realizó numerosas preguntas tanto a la Fiscalía como al abogado defensor Damián Torres para esclarecer los hechos, la audiencia concluyó y Gadano anunció que el 25 de febrero definirá si da por formulados los cargos.
El eje de la acusación
La investigación se centra en presuntas irregularidades en dos planes habitacionales del programa nacional Techo Digno en Río Colorado: uno de 104 viviendas y otro de 80 viviendas.
Según la Fiscalía, existen diferencias entre el avance físico de las obras y los montos certificados y pagados. A San Román se le atribuye una discrepancia estimada en 1,33% en el plan de 104 viviendas y 7,47% en el de 80 viviendas, porcentajes que habrían sido abonados en exceso al empresario Longinos de Dios, también imputado en la causa, aunque no participó de esta audiencia por razones médicas.
Además, se cuestiona que fondos destinados a la ejecución de obras habrían sido colocados en un plazo fijo en lugar de aplicarse directamente a los trabajos, lo que sustenta la imputación por peculado.
La gestión bajo la lupa
San Román asumió la intendencia en 2015, cuando el plan nacional ya se encontraba en marcha durante la gestión de Carlos Pilotti, quien también enfrenta una investigación en etapa de control de acusación, previa a un eventual juicio oral y público.
Durante la audiencia, la defensa cuestionó lo que consideró falencias formales en la acusación y solicitó que no se avance con la formulación de cargos. Asimismo, planteó que la causa debería tramitar en la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires, al tratarse de un programa nacional, y no en la órbita provincial.
La definición sobre el avance del proceso quedará ahora en manos de la jueza Gadano.
Fuente: Medios.
