Los jueces de Casación Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña dispusieron ejecutar decomisar además los bienes del empresario Lázaro Báez.
En un fallo histórico, la Sala IV de Casación Federal confirmó el decomiso y ordenó ejecutar los 111 inmuebles para cubrir un fraude al Estado de $685.000 millones.
Por mayoría, el tribunal ratificó la recuperación efectiva de activos por corrupción y consolidó un criterio clave, que los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aún cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados.
Esta decisión ratificó lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal 2, que había dispuesto el remate de bienes para hacer efectivo el recupero fijado en la sentencia, por un monto superior a los 684.000 millones de pesos.
El fiscal ante la Casación, Mario Villar, había opinado que todas las personas que tengan alguna reivindicación deberían acudir a un proceso civil o administrativo, sin que se postergue el decomiso que incluye la sentencia del TOF 2.
Los votos
El presidente de la sala IV de Casación, Gustavo Hornos, sostuvo que el decomiso no puede quedar en una declaración abstracta, sino que debe traducirse en la recuperación real y efectiva de los activos provenientes del delito.
A su vez, señaló “carecería de sentido que el Estado imponga una condena penal y permita, al mismo tiempo, que el delito continúe produciendo efectos económicos”.
El voto de Hornos fijó el rumbo conceptual del fallo enfatizando que el decomiso dentro del sistema penal “cumple la función institucional clave de reafirmar la vigencia de la norma vulnerada y el consenso social sobre la ilicitud de los hechos”.
Destacó que la recuperación de activos expresa de manera clara que quienes se beneficiaron de una maniobra ilícita no pueden conservar, ni directa ni indirectamente, las ventajas económicas obtenidas.
Fuente Medios – Noticia en Desarrollo
